La campaña de Estados Unidos contra las llamadas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico no ha logrado reducir de manera significativa el flujo de cocaína hacia territorio estadounidense, de acuerdo con una evaluación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) revelada este lunes por The Washington Post.

El documento, aún no publicado oficialmente, concluye que los ataques contra 67 embarcaciones presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas no afectaron el suministro, el precio ni la pureza de la cocaína en Estados Unidos. En cambio, impulsaron a las organizaciones criminales a modificar sus estrategias para mantener el flujo de estupefacientes.

Según la evaluación, los grupos delictivos dejaron de depender de lanchas rápidas que cruzaban aguas internacionales y comenzaron a utilizar embarcaciones de mayor tamaño, rutas cercanas a la costa, semisumergibles artesanales, aeronaves que despegan desde pistas clandestinas en la frontera entre Colombia y Venezuela, así como cargamentos ocultos en embarcaciones dedicadas al comercio legal.

El informe también señala que los cárteles han diversificado sus operaciones mediante rutas terrestres y aéreas, lo que dificulta la detección de los envíos y reduce el impacto de las acciones centradas exclusivamente en la interdicción marítima.

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Funcionarios del Pentágono informaron a legisladores, en una sesión privada, que los ataques "no habían reducido la pureza de la droga", mientras que un funcionario de la DEA, bajo condición de anonimato, comparó la situación con "apretar un globo por un lado", ya que las organizaciones criminales encuentran nuevos puntos vulnerables para continuar sus operaciones.

La ofensiva denominada 'Lanza del Sur', impulsada por la administración del presidente Donald Trump desde septiembre de 2025, comenzó en el Caribe y posteriormente se extendió al Pacífico oriental como parte de una estrategia regional contra el narcotráfico.

No obstante, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, defendió la operación al afirmar que la adaptación constante de las organizaciones criminales no demuestra un fracaso, sino que refleja la presión ejercida sobre sus actividades.

Hasta el momento, la campaña ha dejado un saldo de 67 embarcaciones atacadas y 221 personas fallecidas, según recuentos de medios internacionales.

Las acciones han sido cuestionadas por las Naciones Unidas y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, que las han calificado como posibles "ejecuciones extrajudiciales" y han denunciado que entre las víctimas figuran pescadores y presuntos contrabandistas de combustible.

Asimismo, Human Rights Watch advirtió recientemente sobre las consecuencias de respaldar este tipo de operativos y sostuvo que una estrategia efectiva contra el narcotráfico debe incluir el combate a las redes financieras de los cárteles, el tráfico de precursores químicos y una mayor cooperación internacional, además de las acciones de interdicción marítima.