Estados Unidos impuso este martes 18 de agosto sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la jueza japonesa Tomoko Akane, y el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, como parte de la campaña de la administración de Donald Trump contra el organismo, al que acusa de actuar de manera “politizada” y exceder sus atribuciones.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que ambos funcionarios participaron directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a funcionarios de países que no reconocen la jurisdicción del tribunal.

“Estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción” de ese tribunal, afirmó Rubio en un comunicado.

US SLAPS SANCTIONS on INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)

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Las medidas fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que permitirá realizar operaciones limitadas con cuentas relacionadas con Akane y Seye para liquidar transacciones pendientes hasta el 17 de septiembre.

Además, las sanciones contemplan restricciones a transacciones con cualquier entidad en la que los funcionarios sancionados posean, de manera directa o indirecta, una participación de 50 por ciento o más.

Akane, quien preside la CPI, desempeña principalmente funciones institucionales y de representación. Por su parte, Seye sustituye actualmente al fiscal del tribunal y habría supervisado investigaciones relacionadas con el financiamiento de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos.

Rubio reiteró las acusaciones de Washington contra la CPI y calificó al organismo como un tribunal “corrupto y profundamente politizado”.

“La administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal”, sostuvo.

EE. UU. impone sanciones contra presidenta de la Corte Penal Internacional

Estados Unidos aplicó sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), según el sitio web del Departamento del Tesoro.

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CPI acusa afectación al Estado de derecho

La Corte Penal Internacional respondió a las nuevas sanciones y advirtió que estas “socavan el Estado de derecho” y ponen en riesgo el orden jurídico internacional.

“Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional”, señaló el tribunal con sede en La Haya.

La CPI agregó que las medidas contra jueces, fiscales y personal que cumplen con el mandato otorgado por los Estados miembros representan una amenaza para el funcionamiento de la justicia internacional.

Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, instrumento que estableció la Corte Penal Internacional, y no reconoce la jurisdicción del tribunal, encargado de investigar y juzgar casos relacionados con genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

“Nunca serán llevados al extranjero por cargos falsos”: Rubio sanciona a funcionarios de la CPI

Marco Rubio anunció sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, y Abdoulaye Seye como parte de la campaña de la administración Trump contra el… pic.twitter.com/HeNVQtkGFs

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La administración Trump ha impuesto previamente sanciones contra otros jueces y fiscales de la CPI, principalmente por investigaciones relacionadas con Israel, uno de los principales aliados de Washington.

En 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes vinculados con la guerra en Gaza. El tribunal también emitió órdenes contra integrantes de Hamás.

Trump firmó en febrero una orden ejecutiva en la que calificó determinadas acciones de la CPI como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, medida que su administración ha utilizado como base para imponer sanciones contra funcionarios del tribunal y otras personas relacionadas con investigaciones sobre la situación en Palestina.