Un juez federal de Estados Unidos determinó que el gobierno del presidente Donald Trump redujo ilegalmente los salarios de los trabajadores agrícolas temporales contratados mediante visas H-2A, por lo que ordenó al Departamento de Trabajo (DOL) establecer una nueva tabla salarial.

El juez Kirk E. Sherriff declaró ilegal una medida anunciada por el DOL en octubre pasado, mediante la cual se redujeron los salarios de trabajadores agrícolas temporales. En algunos estados, el recorte llegó hasta los 7 dólares por hora.

La medida fue impugnada por 18 trabajadores agrícolas y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), quienes argumentaron que la reducción afectó negativamente los salarios y las condiciones laborales, tanto de los trabajadores extranjeros como de los estadounidenses, y que violaba la legislación federal.

Farm Workers Victorious! The U.S. federal court found that the Trump administration's attempt to cut farm workers' wages is ILLEGAL. This is a huge victory; farm workers are the backbone of the agricultural industry & they deserve to be paid a fair day's wage!
¡Sí Se Puede! pic.twitter.com/coYuaQ9KYf

— UFW Foundation (@ufwfoundation) August 26, 2026

La administración Trump justificó el recorte salarial como una respuesta a las dificultades que enfrentaron los agricultores debido a las redadas migratorias. Según estimaciones del propio Gobierno estadounidense, la medida permitiría transferir anualmente alrededor de 2 mil 460 millones de dólares de los salarios de los trabajadores hacia los empleadores.

Con su fallo, el juez ordenó al Departamento de Trabajo publicar con prontitud nuevos salarios para los trabajadores bajo el programa H-2A. También instruyó a la dependencia a informar a los empleadores que podrían estar obligados a pagar salarios retroactivos a los trabajadores afectados por la reducción.

Crisanto Serrano, trabajador agrícola de Sunnyside, Washington, y uno de los demandantes, sostuvo que algunos productores prefieren contratar a trabajadores extranjeros porque pueden mantenerlos confinados en sus propiedades, pese a que existe mano de obra local en busca de empleo.

“A los productores y a este presidente no les importamos; les complace contratar a un trabajador nuevo por un salario menor”, afirmó Serrano, quien expresó su esperanza de que la resolución proteja los salarios y empleos de los trabajadores del Valle de Yakima.

Por su parte, Teresa Romero, presidenta del UFW, calificó el fallo emitido en California como “un paso alentador”, aunque advirtió que el sindicato espera nuevos intentos para afectar los ingresos de los trabajadores agrícolas.

Romero aseguró que el UFW continuará luchando para defender los salarios y las condiciones laborales del sector agrícola.