El gobierno de Donald Trump enfrenta una nueva batalla legal en Estados Unidos luego de que una coalición integrada por 23 fiscales generales y gobernadores demandara a la administración federal por las condiciones impuestas a los recursos destinados a servicios de planificación familiar.

 

La disputa gira en torno a las subvenciones del Título X, correspondientes al año fiscal 2027, cuyos nuevos lineamientos fueron establecidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Los demandantes sostienen que las reglas podrían dejar sin financiamiento a estados y organizaciones que no se ajusten a las prioridades políticas de la administración.

 

El Título X representa el principal programa federal dedicado específicamente a financiar servicios de planificación familiar. Los recursos son utilizados para ofrecer anticonceptivos, atención relacionada con infertilidad, pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, así como detecciones de cáncer, principalmente para personas de bajos ingresos.

 

De acuerdo con la demanda, el HHS estableció que los beneficiarios que dejen de cumplir con las prioridades fijadas por el departamento podrían perder por completo las subvenciones que reciben. Para los estados que participan en el litigio, esta condición convierte los recursos de salud en una herramienta de presión política.

 

La coalición también cuestiona las restricciones relacionadas con políticas de diversidad y con la atención dirigida a personas transgénero. Los demandantes consideran que estas disposiciones exceden las facultades del gobierno federal y vulneran principios constitucionales al condicionar el acceso a fondos públicos al cumplimiento de determinadas posturas ideológicas.

 

California encabeza la acción legal. Su fiscal general, Rob Bonta, acusó a la administración Trump de intentar modificar el propósito histórico del programa mediante condiciones que, a su juicio, ponen en riesgo una red de servicios utilizada por millones de personas.

 

A California se sumaron los fiscales generales de Nueva York, Maryland, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, además de los gobernadores de Pensilvania y Kentucky.

 

El caso coloca nuevamente al gobierno de Trump frente a los estados que cuestionan sus políticas en materia de salud y derechos reproductivos. Ahora corresponderá a los tribunales determinar si las nuevas condiciones para acceder a los fondos del Título X pueden mantenerse o deben ser suspendidas.