El gobierno de Estados Unidos deportó a una mujer afgana con residencia permanente mediante un mecanismo judicial creado hace tres décadas y que no había sido utilizado desde su establecimiento en 1996.

 

Se trata de Nazira Haji Zada, de 47 años y residente en Texas, cuyo caso fue procesado ante el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en inglés), una instancia destinada a facilitar la expulsión de inmigrantes considerados una amenaza relacionada con terrorismo.

 

El Departamento de Justicia estadounidense informó que Zada fue expulsada a Afganistán luego de ser señalada por su presunta participación en un plan para cometer un tiroteo masivo durante las elecciones de 2024.

 

De acuerdo con las autoridades, el caso está relacionado con su hijo, Abdullah Haji Zada, y su yerno, Nasir Ahmad Tawhedi, quienes fueron procesados previamente por su participación en el supuesto plan.

 

Tawhedi, de 28 años, se declaró culpable de delitos relacionados con terrorismo y admitió haber conspirado entre junio y octubre de 2024 para adquirir dos fusiles AK-47, 500 cartuchos de munición y 10 cargadores con la intención de utilizarlos en un ataque.

 

El atentado no llegó a concretarse debido a que Tawhedi fue detenido aproximadamente un mes antes de la fecha prevista, según la información difundida por el Departamento de Justicia.

 

In the first-ever case before the United States Alien Terrorist Removal Court (ATRC), Nazira Haji Zada, 47, an Afghan national previously residing in Fort Worth, Texas, was removed from the U.S. after conceding that she is an alien terrorist. As the matriarch in her family, she… pic.twitter.com/91lv3Ixqbb

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) September 11, 2026

 

Las autoridades estadounidenses también sostienen que integrantes de la familia comenzaron a vender bienes y adquirieron boletos de avión de ida hacia Afganistán poco antes del ataque que, según la investigación, pretendían realizar.

 

En el caso de Zada, la solicitud de expulsión se sustentó en señalamientos de que habría colaborado con el plan. Entre las acusaciones figura la firma de un contrato para vender la vivienda familiar.

 

El gobierno estadounidense presentó la deportación como el primer caso resuelto mediante el ATRC desde su creación. El fiscal general Todd Blanche calificó el procedimiento como un mecanismo para reforzar las acciones contra personas extranjeras vinculadas, según las autoridades, con actividades terroristas.

 

La utilización del tribunal representa la reactivación de una herramienta legal que permaneció sin casos durante aproximadamente tres décadas.

 

Con la deportación de Zada, el gobierno de Estados Unidos busca aplicar este procedimiento de manera expedita en casos relacionados con acusaciones de terrorismo, mientras las autoridades continúan utilizando los procesos penales correspondientes contra quienes son señalados de participar directamente en este tipo de conspiraciones.