Un tribunal federal de California echó abajo este miércoles las políticas con las que el gobierno de Donald Trump exigía a los empleadores un pago de 100 mil dólares por cada nueva petición de visa H-1B, al concluir que las agencias migratorias las aplicaron sin respetar los trámites que marca la ley.

El juez Haywood S. Gilliam Jr., del Distrito Norte de California, concedió de manera parcial las medidas cautelares que solicitaron diversas empresas y organizaciones que impugnaron la legalidad del cargo.

Según la resolución, el Departamento de Seguridad Nacional y otras dependencias pusieron en marcha el cobro sin cumplir con el proceso de notificación y recepción de comentarios del público que exige la Ley de Procedimiento Administrativo. Por ello, el fallo anula las políticas, las devuelve a las agencias y les prohíbe, junto con quienes actúan bajo su dirección, seguir aplicándolas hasta que completen ese procedimiento.

El magistrado consideró probable que los demandantes logren demostrar que las autoridades actuaron de forma "arbitraria y caprichosa", pues no evaluaron alternativas ni el impacto económico sobre las empresas y sectores afectados, y tampoco garantizaron la participación ciudadana antes de imponer el requisito.

El cobro surgió de una proclamación que Trump firmó el 19 de septiembre de 2025 y que el mandatario prorrogó el pasado 18 de septiembre hasta septiembre de 2027. La Casa Blanca ha defendido la medida como una forma de combatir un presunto "abuso sistémico" en el programa de contratación de personal especializado.

El caso ha derivado en resoluciones contrapuestas. En 2025, un tribunal federal de Washington reconoció la facultad del presidente para imponer el cobro, mientras que cortes federales de Massachusetts y ahora de California han invalidado las políticas con las que se aplicaba.

La alcaldesa Yolanda Osuna Huerta afirmó que el convenio está por firmarse y que el Ayuntamiento conservará la operación de las lanchitas del río Grijalva

La operación de los malecones Carlos A. Madrazo y Leandro Rovirosa Wade podría transferirse al Gobierno del Estado durante octubre, adelantó la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta.

Indicó que el Ayuntamiento y la administración estatal están por firmar el convenio, con el que se buscará concretar la inversión anunciada para mejorar ambos espacios. "Está muy avanzado, estamos por firmar el convenio, y a partir de ahí habrá esta inversión anunciada por el gobernador", afirmó.

La edil precisó que el municipio seguirá a cargo de las lanchitas que ofrecen paseos por el río Grijalva. También descartó que el cambio afecte las actividades culturales que se realizan en los malecones, como las "Tertulias del Grijalva", pues dijo que existe coordinación con el Gobierno estatal para seguir usando estos espacios.