El Gobierno dominicano resolvió clausurar su sede diplomática en Managua. El canciller Víctor «Ito» Bisonó dio a conocer la medida este viernes durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Washington.

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Según explicó, el cierre se mantendrá mientras persistan las condiciones que, a juicio de su país, afectan las libertades y los principios democráticos en Nicaragua. Bisonó afirmó que la decisión busca que, con el paso del tiempo, nadie pueda decir que la República Dominicana no estuvo a la altura de las circunstancias.

El canciller subrayó que la medida responde a la política exterior del presidente Luis Abinader, que incluye entre sus ejes la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos. También planteó que la respuesta de la región no debe quedarse en pronunciamientos, sino convertirse en acciones concretas, y dijo que su país está listo para apoyar de forma activa y constructiva las iniciativas de la OEA en materia democrática.

#AHORA 🇳🇮🌎La Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la #OEA aprobó por aclamación la resolución “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua”.

¡Libertad para #Nicaragua! pic.twitter.com/lFY29V6ocO

— Gran Confederación Opositora Nicaragüense GCON (@GCONicaragua) October 2, 2026

En su intervención, Bisonó recordó que muchos países del continente han vivido etapas de dictadura y autoritarismo, y consideró que esa experiencia común debe fortalecer el compromiso colectivo con las libertades, la institucionalidad democrática y los derechos de los pueblos de las Américas, según un comunicado de la Cancillería.

Una escalada diplomática

La decisión llega después de que, el 9 de septiembre, la Cancillería dominicana informara que Nicaragua había resuelto cerrar su embajada en Santo Domingo. Previamente, en julio, Santo Domingo había llamado a consultas a su embajadora en Managua por declaraciones de las autoridades nicaragüenses que consideró contrarias a los principios democráticos y a las obligaciones del sistema interamericano.

El distanciamiento se profundizó ese mes, cuando el Gobierno dominicano criticó al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por afirmar que en su país «no volverán a haber elecciones». La Cancillería dominicana condenó esas palabras en los términos más enérgicos y las calificó como un abierto desconocimiento de los principios de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales.

Managua respondió señalando que en las más altas instituciones dominicanas hay «voces vasallas y servidumbres vergonzosas».

Posteriormente, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo sandinista, aprobó en primera legislatura (se requieren dos) una reforma constitucional parcial de gran alcance. El texto excluye de cargos de elección popular a los opositores considerados «traidores a la patria» y amplía a siete años el mandato presidencial.