El Gobierno de Estados Unidos presentó una demanda federal contra California para impedir que se contabilicen papeletas de voto por correo de más de 20 mil personas que considera posibles inmigrantes indocumentados, en medio de las tensiones por la revisión del padrón electoral.

La acción legal fue interpuesta este jueves 15 de octubre por el Departamento de Justicia, que acusa al estado de no atender sus solicitudes para revisar los registros de votantes y detectar a personas que presuntamente no cumplen con los requisitos de ciudadanía para participar en elecciones federales.

En un comunicado, la dependencia sostuvo que la legislación californiana contempla el envío de papeletas por correo a las personas registradas para votar, pero advirtió que los inmigrantes indocumentados no pueden participar en comicios federales.

El Gobierno federal afirmó que un análisis preliminar detectó un número significativo de personas que posiblemente no son ciudadanas estadounidenses y que, aun así, aparecerían en los registros electorales de California. La revisión, según las autoridades, continúa.

La demanda se presentó dos días después de que la administración del presidente Donald Trump advirtiera a funcionarios electorales del estado sobre posibles consecuencias si no revisaban una lista de presuntos no ciudadanos inscritos en el padrón de Los Ángeles.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, las autoridades electorales estatales no atendieron la exigencia de depurar los registros, pese al plazo establecido por el Gobierno federal.

El conflicto ocurre a pocas semanas de las elecciones de medio mandato, programadas para el próximo 3 de noviembre, cuando los estadounidenses elegirán a representantes federales y otros cargos. La disputa también refleja el enfrentamiento entre la administración Trump y los gobiernos estatales por el control y la supervisión de los procesos electorales.

Hasta el momento, la acusación del Gobierno federal se refiere a personas que considera posibles no ciudadanas; la información proporcionada no establece que las más de 20 mil personas señaladas hayan votado ilegalmente.