El Gobierno francés anunció la implementación de toques de queda en zonas específicas del país y un programa de apoyo laboral para los negocios afectados por los saqueos y actos vandálicos registrados durante el fin de semana, en medio de las investigaciones para identificar a los responsables.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, dio a conocer las medidas este lunes, después de encabezar una reunión de emergencia para evaluar los daños ocasionados durante los disturbios ocurridos al margen de las manifestaciones del 17 de octubre, convocadas contra el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios de educación y salud.

Lecornu explicó que las restricciones nocturnas se aplicarían de manera localizada, en lugar de recurrir de inmediato a un estado de emergencia nacional. Sin embargo, no descartó que el Gobierno adopte medidas más amplias si las condiciones de seguridad lo requieren. El Ministerio del Interior sería el encargado de precisar las zonas donde entrarían en vigor los toques de queda.

Como parte de las acciones para atender las consecuencias económicas de los disturbios, el Ejecutivo anunció un mecanismo de desempleo parcial dirigido a los trabajadores de alrededor de 3 mil comercios afectados.

La medida comenzaría a aplicarse el martes y contempla una cobertura estatal del 100 %, de acuerdo con lo informado por el primer ministro. El objetivo es evitar que los daños materiales provoquen pérdidas de empleo y afectaciones económicas adicionales para los trabajadores y sus familias.

Lecornu sostuvo que las autoridades deben proteger los puestos de trabajo ante las consecuencias de los actos vandálicos, aunque no detalló el costo total que tendrá el programa para las finanzas públicas.

En materia de seguridad, el primer ministro anunció una respuesta judicial firme contra las personas involucradas en los saqueos y otros delitos cometidos durante el fin de semana.

En la región de París, alrededor de 200 investigadores trabajan en la identificación de los presuntos responsables mediante el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia. Las autoridades también solicitarán el apoyo de la ciudadanía para obtener información que contribuya a esclarecer los hechos.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia, hasta las 08:00 horas del lunes, 2 mil 331 personas permanecían bajo custodia policial por su presunta participación en los disturbios. Cerca del 70 % eran mayores de edad, mientras que la Fiscalía solicitaba prisión preventiva en más del 80 % de los casos, según los datos oficiales citados.

El Gobierno también defendió la actuación de las fuerzas de seguridad, cuestionada por algunos sectores, y señaló que las investigaciones continuarán para determinar las responsabilidades individuales.

Durante su comparecencia, el primer ministro atribuyó a sectores de la extrema izquierda una presunta intención de generar inestabilidad política de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Según Lecornu, información de los servicios de inteligencia apunta a que determinados grupos buscarían prolongar los episodios de desorden y cuestionar la organización del proceso electoral. No obstante, estos señalamientos corresponden a la postura del Gobierno y deberán sustentarse mediante las investigaciones correspondientes.

El funcionario reconoció que los disturbios pudieron tener consecuencias más graves y destacó que no se reportaron víctimas mortales, mientras las autoridades buscan contener nuevos episodios de violencia.

Con las restricciones anunciadas, el apoyo económico a los negocios y el refuerzo de las investigaciones, el Gobierno francés busca restablecer el orden público y reducir las repercusiones sociales y económicas de los saqueos.