Un músico mexicano recibirá una indemnización de 200 mil dólares luego de que un jurado en Colorado, Estados Unidos, determinara que sus derechos fueron vulnerados durante un operativo policial en el que fue mordido por un perro de una unidad especial.

El caso involucra a Salvador Alonso Guerrero-Salmerón, quien fue atacado en marzo de 2023 cuando un equipo SWAT ingresó a una vivienda en Aurora para detener a otro inquilino. El mexicano no era el objetivo del operativo y se encontraba rentando una habitación en el inmueble.

Tras analizar la demanda, el jurado del condado de Arapahoe responsabilizó al agente Robert Wong, encargado del perro policial, por uso excesivo de la fuerza. También determinó que Grant Peet incurrió en procesamiento malicioso contra el músico y ordenó imponerle daños punitivos.

En cambio, los otros dos agentes señalados en el caso, Oscar Pena y Jeremiah Miles, fueron eximidos de responsabilidad.

De acuerdo con la versión presentada por la defensa, Guerrero-Salmerón no habla inglés y no comprendió las advertencias que los oficiales emitían por altavoz sobre la presencia del perro. Sus abogados señalaron que los mensajes en español contenían errores de pronunciación que dificultaron que entendiera las instrucciones.

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Ante el ruido y la irrupción de los agentes, el músico creyó que personas ajenas a la autoridad habían ingresado a la propiedad, por lo que envió un mensaje de texto a la propietaria para pedir ayuda.

Los oficiales derribaron la puerta de su habitación y el perro lo mordió en un brazo. Según la demanda, Guerrero-Salmerón estaba desarmado y sostenía sus documentos de identificación cuando ocurrió la agresión.

Después del incidente, el mexicano fue detenido bajo el señalamiento de desobedecer una orden policial, aunque ese cargo fue retirado posteriormente.

El músico se encontraba en Estados Unidos con visa de turista, mientras promocionaba su grupo musical y realizaba presentaciones.

Tras conocerse el veredicto, sus abogados, Joshua Landy y Luke McConnell, consideraron que la resolución representa un reconocimiento tanto de la agresión física como del proceso judicial que enfrentó injustificadamente su cliente.

Los litigantes destacaron que el jurado no solo encontró responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza, sino que también sancionó la actuación del agente que impulsó el procedimiento malicioso contra Guerrero-Salmerón.