Miles de migrantes que buscan protección en Estados Unidos podrían verse afectados por el resultado de una disputa que llegará al Tribunal Supremo: la posibilidad de que el presidente cierre por completo el acceso al procedimiento de asilo en la frontera con México.

El Gobierno de Donald Trump recurrió al máximo tribunal después de que instancias judiciales inferiores invalidaran la prohibición que su administración puso en marcha al comenzar el segundo mandato, el 20 de enero de 2025. Ahora pretende que los magistrados determinen que el Ejecutivo sí tiene autoridad para aplicar esa restricción.

El desacuerdo no se limita a la política migratoria del presidente. También pone en discusión cómo debe aplicarse la legislación federal, que reconoce la posibilidad de solicitar asilo a quienes temen ser perseguidos en sus países de origen, sin que la manera de llegar a territorio estadounidense sea un impedimento para presentar la petición.

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La administración republicana sostiene que puede negar de forma general las solicitudes de las personas alcanzadas por la proclamación y que no tiene obligación de procesar trámites que considera destinados al rechazo. Las organizaciones que impugnaron la medida defienden una postura distinta: cada caso debe revisarse por separado y el presidente no puede eliminar unilateralmente el derecho a presentar una solicitud.

Al aceptar el recurso, la Suprema Corte decidió concentrarse en dos preguntas: si la prohibición de Trump se ajusta a la ley y si los tribunales pueden emitir resoluciones que protejan de manera colectiva a las personas afectadas. Por ahora, los jueces no han determinado si la política es constitucional o legal.

Mientras se desarrolla la revisión, el veto continúa vigente. La Corte prevé escuchar los argumentos de las partes en los próximos meses y resolver el caso antes de concluir su periodo judicial, en junio de 2027.