Durante una reunión que sostuviera la directora general de Censos Económicos y Agropecuarios, del INEGI, Susana Pérez Cadena, con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados informó que tuvo que pagar al crimen organizado para poder ingresar a algunas regiones.

 

Pérez Cadena detalló que fueron en algunas regiones donde grupos criminales no solo le solicitaron dinero bajo amenaza sino que ponían sus condiciones para que se llevaran a cabo las encuestas.

 

Mencionó, que en una ocasión retuvieron, contra su voluntad, a un integrante de su equipo de trabajo, por varios días, siendo liberado una vez que pagaron un monto, pequeño, y dejándolos continuar con su labores.

 

Sin embargo, recalcó que el levantamiento de censos fue condicionado, es decir, las organizaciones les indicaron que solo permitirían que levantaran datos gente conocida por todo el pueblo y no foráneos, y/o miembros de estos grupos criminales.

 

Mencionó que la inseguridad fue el mayor reto para levantar el censo 2022, pero era un ejercicio que tenía que hacerse ya que habían pasado 15 años desde el último.