La investigación del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio dio un giro este día luego de que la la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un comunicado en el cual critica la actuación del Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, alegando parcialidad en su desempeño en este caso.

 

La FGR sostiene que el juez quebrantó los principios obligatorios de valoración y análisis del conjunto de pruebas presentadas por la Fiscalía, que apuntaban a implicar a Jorge Antonio “S”, un agente del CISEN asignado a la seguridad del candidato presidencial, en el homicidio.

 

Entre las pruebas presentadas por la FGR se encuentra la presencia de Jorge Antonio “S” en el lugar del homicidio, coincidiendo en el momento del crimen, así como la identificación de la sangre de la víctima en su ropa. Además, se menciona la evidencia de que el acusado habría disparado un arma en ese lapso de tiempo.

 

La FGR argumenta que ninguna de las pruebas de descargo ha favorecido al acusado y señala un conjunto de testimonios que sitúan al acusado en el lugar de los hechos, aunque niegan su participación en el transporte de la víctima.

 

La Fiscalía también sostiene que el CISEN de la Secretaría de Gobernación envió al acusado al lugar de los hechos y posteriormente lo habría encubierto y sacado de Tijuana de manera urgente y subrepticia.

 

Sin embargo, la FGR argumenta que el video que presuntamente testifica el primer disparo no estaba dirigido hacia el segundo tirador, lo que imposibilita su uso como prueba a favor del responsable del segundo disparo.

 

En cuanto a una testigo citada en un diario como "la única prueba", la FGR argumenta que esta persona nunca estuvo presente en el lugar de los hechos y no atestiguó nada de lo ocurrido. Además, alega que dicho diario no incluye todas las pruebas incriminatorias que constan en el expediente judicial.

 

Finalmente, la FGR expresó su descontento con el juez, al afirmar que emitió consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual considera inadmisible en un proceso de esta importancia. La Fiscalía insinúa que algunos delitos de carácter político y despojo patrimonial vinculados con gobiernos anteriores se obstaculizan judicialmente para evitar que la justicia los alcance.

 

La FGR anunció su intención de recurrir a un procedimiento de apelación y confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, teniendo en cuenta la gravedad del delito cometido contra la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.