En la Sierra Mariscal, ubicada en el estado de Chiapas, el crimen organizado ha intensificado sus actividades ilícitas al exigir cuotas de hasta 30 mil pesos a iglesias evangélicas. El pastor Francisco Napabe ha denunciado que alrededor de 100 templos de la Iglesia evangélica se han visto obligados a cerrar sus puertas debido al cobro de derecho de piso por parte de la delincuencia organizada en la región.

 

Según Napabe, la situación ha llegado a extremos preocupantes, cobrando incluso vidas. Recientemente, uno de sus colegas fue encontrado sin vida a la orilla del río, víctima de su negativa a pagar la cuota exigida por el narcotráfico. 

 

La violencia desatada por el crimen organizado en Chiapas también ha amenazado la libertad religiosa en la región. Organizaciones reportan que cerca de 20 mil personas han sido desplazadas forzadamente de aproximadamente 30 municipios indígenas en Chiapas debido a la violencia generada por grupos armados que buscan controlar estos territorios.

 

En los últimos años, las comunidades indígenas en Chiapas han experimentado un aumento alarmante en la violencia e inseguridad. Activistas, organizaciones y comunidades locales han caracterizado la situación como una especie de "guerra civil" en el estado mexicano, marcada por conflictos armados, la presencia de grupos del crimen organizado, y sus consecuencias, tales como homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados.