La secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, instó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a no declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, en respuesta a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2023, reportó El Economista.

 

 Esta medida, definida en el artículo 19 de la Constitución, permite encarcelar automáticamente a acusados de ciertos delitos al inicio del proceso judicial, sin intervención de un juez, y se aplica en México para 16 crímenes graves como feminicidio y secuestro.

 

Alcalde argumentó que la liberación de presuntos delincuentes vinculados al crimen organizado representaría un riesgo para testigos, víctimas y personal de seguridad, afectando aproximadamente a 68.000 casos de prisión preventiva oficiosa pendientes.

 

El mismo martes, especialistas consultados por El Sabueso aclararon que no habría una liberación automática de todas las personas detenidas bajo ese esquema. En caso de que se invalidara la prisión preventiva oficiosa, jueces o tribunales tendrían que revisar cada caso que se solicite, para determinar si las personas siguen presas o se aplica otra medida cautelar. 

 

Quedaría la opción de aplicar prisión preventiva justificada y otras 13 medidas cautelares. Eso mientras se resuelve su situación jurídica y a partir de que las autoridades que las acusen sustenten qué nivel de riesgo hay en el caso.

 

Además, el dato proporcionado por Alcalde sobre 68.000 personas en prisión preventiva oficiosa es inexacto. Según la información del INEGI de 2023, el número real de personas en esa situación es de 44.212.

 

La decisión sobre si se declara inconstitucional o no esta medida cautelar ha propiciado un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador defiende la prisión preventiva como una herramienta esencial contra la inseguridad a pesar de la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) de eliminarla, por ser “contraria a garantías  internacionales”. Aún así, la SCJN ha elaborado tres proyectos para cumplir con la sentencia internacional.

 

En 2022, el INEGI informó que del total de la población privada de la libertad sin sentencia, 50.2 % se encontró en prisión preventiva oficiosa; 23.9 %, en prisión preventiva justificada; 11.4 %, en otro supuesto jurídico y, para 14.5 %, no se identificó el tipo de estatus jurídico.

 

Con información de Periodic.