La jueza federal María del Carmen Sánchez Cisneros ha otorgado una suspensión provisional al empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz, evitando su recaptura en relación con una orden de reaprehensión dictada en su contra en octubre de 2019 por un juez en la carpeta de ejecución EJEC-NTE/1621/2028. Esta medida se deriva de la demanda de amparo que Ahumada interpuso contra cualquier orden de detención y la reanudación de su captura.

Ahumada Kurtz deberá quedar a disposición de la jueza Sánchez Cisneros en el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, en lo que respecta a su libertad personal, y a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento penal, que se considera insuspendible.

La jueza afirmó que la orden de aprehensión del 31 de octubre de 2019 no afecta directamente ningún derecho fundamental que deba protegerse de manera inmediata. “Por lo que al no observar condiciones idóneas para poder anticipar provisionalmente el restablecimiento en el goce de los derechos que se estiman afectados, en su caso, serán restablecidos al dictar sentencia ejecutoria en el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia”, explicó Sánchez Cisneros.

Determinó conceder la suspensión provisional al empresario argentino, argumentando que “con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y, de no otorgarse, con la ejecución de los actos se causarían al promovente daños y perjuicios de difícil reparación”. Para que la medida cautelar tenga efecto, Ahumada Kurtz, quien se encuentra en Argentina, deberá pagar una garantía de 79,500 pesos.

Carlos Ahumada es conocido por los “videoescándalos” de 2004, donde se le vio entregando dinero a René Bejarano, entonces coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa. Ahumada fue detenido en La Habana y extraditado a México en 2004, siendo liberado en 2007. Más tarde confesó que las grabaciones fueron planificadas con el entonces senador Diego Fernández de Cevallos y el expresidente Carlos Salinas de Gortari para conseguir protección en una acusación por fraude de 31 millones de dólares.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la extradición de Ahumada a Argentina por fraude relacionado con contratos de obras públicas en la Ciudad de México. Ahumada ha asegurado que su extradición no procedería, ya que un juez solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Argentina que su proceso se lleve a cabo en ese país.