En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, comunidades indígenas purépechas tomaron acciones contundentes en Michoacán al bloquear al menos seis importantes carreteras estatales y federales. Los bloqueos, organizados por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que representa a más de 70 comunidades de las etnias purépecha, náhuatl, mazahua y otomí, son un acto de protesta ante la grave crisis de desapariciones que enfrenta México, donde más de 115 mil personas han desaparecido.

 

Las vías bloqueadas incluyen rutas estratégicas como la que conecta Cherán con Zamora y Uruapan, y otra que une Morelia con Quiroga. También están bloqueadas carreteras que comunican Pátzcuaro con Uruapan y Uruapan con Los Reyes. Además, los manifestantes tomaron una caseta de peaje en la autopista federal que une Morelia con el puerto de Lázaro Cárdenas, a la altura del municipio de Taretan.

 

Los líderes del CSIM han señalado que estas acciones no solo son una protesta por las desapariciones, sino también una acusación directa contra el Ejército y otras instituciones de seguridad, a quienes responsabilizan de participar en desapariciones forzadas.

 

Entre las demandas del CSIM al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, destaca la exigencia de esclarecer la desaparición forzada de la familia Guzmán Cruz y de dos de sus amigos, ocurrida en 1974, supuestamente a manos del Ejército. Las víctimas, identificadas como José de Jesús Guzmán Jiménez, sus hijos Amafer, Armando, Solón Adenauer, Venustiano Guzmán Cruz, y sus amigos Rafael Chávez Rosas y Doroteo Santiago Ramírez, eran todos activistas sociales y opositores políticos.

 

Una reciente investigación del colectivo '¿A dónde van los desaparecidos?' sugiere que algunos miembros de la familia Guzmán Cruz podrían estar entre las 183 víctimas de los denominados “vuelos de la muerte”, en los que personas fueron arrojadas al océano Pacífico desde aviones entre 1972 y 1974 por el Ejército y agencias de seguridad estatales. Estas revelaciones han intensificado la demanda de justicia y verdad por parte de las comunidades indígenas y de derechos humanos en todo el país.

 

La protesta en Michoacán se convierte así en un símbolo de la lucha nacional contra la impunidad y el olvido en torno a los casos de desaparición forzada, un fenómeno que sigue dejando profundas cicatrices en la sociedad mexicana.