El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, ha enviado al Congreso local una propuesta de reforma a la Ley de Justicia Cívica con el objetivo de inhibir la actividad de las denominadas "chelerías". Estas son puntos de venta informales de bebidas alcohólicas en la vía pública, los cuales han generado preocupación por fomentar el consumo de alcohol entre jóvenes, incentivar el contrabando y la venta de productos adulterados, y afectar el orden público.

La iniciativa plantea añadir la fracción 5 Bis al artículo 28 de la Ley de Justicia Cívica, para que la venta de bebidas alcohólicas sin permiso en espacios públicos se considere una infracción contra la seguridad ciudadana. Las sanciones propuestas incluyen multas de hasta 30 UMAs (aproximadamente 3,257 pesos) y arrestos de hasta 36 horas. Además, se busca imponer trabajo comunitario como alternativa a las multas o arrestos.

El gobierno local argumenta que las chelerías promueven el consumo excesivo de alcohol, sobre todo entre menores de edad, y han generado mercados ilegales y redes de contrabando que representan un riesgo para la salud pública. Estos establecimientos informales también generan desorden público, aumentan los accidentes de tránsito y facilitan el acceso de menores a bebidas embriagantes.

La reforma exceptúa de sanciones a las ventas que se realicen durante ferias, romerías o festividades con los permisos correspondientes, con el fin de preservar las tradiciones locales. El objetivo es dotar a las autoridades de herramientas jurídicas adecuadas para combatir estas prácticas y proteger el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.

Además, la iniciativa busca endurecer las sanciones contra aquellos que violen sellos de clausura impuestos a establecimientos infractores.

 

 

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