La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, por unanimidad, varios cobros contemplados en las Leyes de Ingresos de municipios del estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2024. Entre las disposiciones anuladas, se destacan los cargos por la expedición de certificaciones de documentos en archivos municipales y por el servicio de reconocimiento de hijos en los registros civiles locales.

 

El pleno de la SCJN concluyó que no había una relación razonable entre las tarifas establecidas por los municipios y los recursos utilizados en los procesos correspondientes. En ambos casos, la Corte determinó que las tasas de cobro no guardaban proporción con las acciones realizadas o los materiales empleados, lo que llevó a la invalidación de dichas tarifas.

 

Ante este fallo, la SCJN exhortó al Congreso de Veracruz a evitar la repetición de los mismos errores constitucionales en futuras leyes fiscales. La resolución entrará en vigor una vez que sus puntos resolutivos sean notificados al Congreso estatal y a los municipios involucrados.

 

Uno de los aspectos más destacados del fallo provino de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien señaló que cualquier cobro por la primera copia del acta de nacimiento vulnera el derecho a la gratuidad en este trámite. Esquivel argumentó que exigir un pago por este documento básico constituye un acto discriminatorio, especialmente hacia los niños y niñas cuyos padres los reconocen formalmente. Según la ministra, este tipo de cobro limita el acceso universal al registro civil gratuito, lo cual es inconstitucional al no existir razones válidas para imponer contribuciones en estos casos.

 

El Poder Ejecutivo, que presentó la acción de inconstitucionalidad, sostuvo que estos cobros resultan excluyentes y perjudican a sectores más vulnerables de la población. En especial, afectan a quienes buscan formalizar el reconocimiento de hijos, al dificultar el acceso a un trámite que debería ser gratuito y universal.

 

Con esta resolución, la SCJN reafirma el derecho de los ciudadanos a no ser objeto de tarifas desproporcionadas en trámites esenciales y fortalece el principio de gratuidad en el registro civil, garantizando así la protección de los derechos fundamentales en Veracruz.