El Senado de la República aprobó en lo general una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de regular el proceso de elección de jueces y magistrados, como parte de una polémica reforma judicial reciente. La propuesta fue aprobada con 81 votos a favor de un total de 128. Aún deben discutirse los artículos particulares, y posteriormente será turnada a la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados cuentan con una amplia mayoría. Antes del 16 de octubre, el Senado debe convocar la elección extraordinaria que se llevará a cabo a mediados de 2025 para elegir a los impartidores de justicia.

 

En septiembre, el Congreso, con mayoría oficialista, aprobó una amplia reforma al sistema de justicia, que incluye la elección de jueces por voto popular. Esta reforma ha generado incertidumbre en los mercados y preocupación entre los inversionistas.

 

El 1 de junio de 2025 se celebrará la elección para reemplazar a todos los ministros de la Suprema Corte, reduciendo el número de integrantes de 11 a nueve. También se renovarán los miembros del Tribunal de Disciplina, vacantes en la Sala Superior, todas las salas regionales del Tribunal Electoral, y la mitad de los magistrados y jueces de distrito. En 2027, se elegirán los cargos restantes.

 

El oficialismo sostiene que esta transformación es necesaria porque el sistema de justicia "no está al servicio del pueblo" y responde a intereses del crimen organizado. La senadora de Morena, Margarita Valdez, defendió la reforma diciendo: “Democratizar el Poder Judicial no debería ser un estigma, es algo nuevo y no debemos tener miedo. Al contrario, esto asegura que la justicia sea accesible para las mayorías”.

 

Por otro lado, los críticos aseguran que la reforma no mejorará el acceso a la justicia ni afectará a las fiscalías, la policía y los ministerios públicos, que consideran responsables de la alta impunidad y corrupción en el país. La reforma también ha generado preocupación entre inversionistas y socios comerciales de México, quienes temen que debilite el equilibrio de poderes y afecte el clima de negocios en la segunda economía más grande de Latinoamérica.

La senadora Susana Zatarain, del opositor PAN, criticó duramente la reforma: “Estas leyes secundarias solo concentran el poder de manera autocrática. No mejoran el acceso a la justicia para los ciudadanos comunes. Detrás de la fachada de la elección popular de jueces se ocultan los verdaderos beneficiarios: la burocracia dorada y el crimen organizado”.

 

A principios de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se declaró competente para analizar si la reforma judicial, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, afecta la autonomía del Poder Judicial, la independencia de sus miembros y el principio de la división de poderes.