El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejó sin efecto y desechó tres controversias constitucionales presentadas por los estados de Guanajuato y Chihuahua contra la reforma judicial. La decisión se dio a conocer en una notificación del máximo tribunal del país, en la que se resolvieron los recursos 286/2024, 298/2024 y 307/2024.

La controversia 286/2024, presentada por el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y la controversia 298/2024, interpuesta por el Poder Judicial de Guanajuato, fueron desechadas por "notoria y manifiesta improcedencia". En ambos casos, el ministro González Alcántara resolvió archivar los expedientes como asuntos concluidos. La controversia 307/2024, promovida por el Poder Judicial de Chihuahua, también fue desechada por las mismas razones.

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La resolución ocurre una semana después de que el ministro Alberto Pérez Dayán rompiera el bloque opositor en la Corte, lo que impidió que se alcanzaran los ocho votos necesarios para estudiar la reforma judicial en su totalidad. De hecho, el proyecto de González Alcántara Carrancá, que proponía la invalidez parcial de la reforma, fue archivado debido a la falta de consenso entre los ministros.

El 5 de noviembre, el Pleno de la Corte no pudo analizar si la reforma era constitucional, ya que solo siete ministros respaldaron el proyecto de González Alcántara Carrancá, mientras que otros se alinearon con la postura del gobierno federal.

El 6 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su satisfacción con la resolución, calificándola como un triunfo de "la razón" y la "cordura frente a la irracionalidad". Además, destacó que la reforma, que incluye la elección de jueces y magistrados por voto popular, continuará avanzando y se llevará a cabo en 2025.

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Esta resolución también se da en medio de las críticas hacia la Ministra presidenta Norma Piña, quien intentó modificar las reglas para invalidar la reforma con solo seis votos, lo que fue calificado como un acto "inconstitucional".

En resumen, la SCJN desechó las tres controversias presentadas desde Guanajuato y Chihuahua contra la reforma judicial, permitiendo que esta siga su curso, incluida la elección popular de jueces y magistrados prevista para 2025.