En una firme declaración de intención, el Congreso de México ha solicitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que exija al Gobierno de Estados Unidos un informe detallado sobre las acciones emprendidas para combatir el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano. Este llamado se produjo un día después de que el expresidente Donald Trump propusiera designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

 

La Comisión Permanente aprobó, por mayoría, un punto de acuerdo que insta a conocer los esfuerzos estadounidenses en la detección, reducción y prevención del flujo de armas ilegales. Entre las demandas destacadas está la necesidad de recibir información detallada sobre las medidas adoptadas por agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el sistema de protección en los cruces fronterizos.

Estados Unidos se ha identificado como la principal fuente de las armas utilizadas por los cárteles de la droga en México. Estas armas ingresan principalmente por los estados de Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Guanajuato, de acuerdo con el senador Emmanuel Reyes. Aunque el Entendimiento Bicentenario entre ambas naciones ha facilitado el rastreo y la identificación de rutas, calibres y tipos de armas aseguradas, Reyes subrayó que la información obtenida hasta ahora es insuficiente para perseguir a los compradores y traficantes que operan en territorio estadounidense.

El Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras representa el marco de cooperación bilateral en el combate al tráfico de armas. En este contexto, el Congreso demanda conocer los resultados de las investigaciones, el número de armas aseguradas, las organizaciones desmanteladas y las licencias de venta revocadas. También solicita un balance sobre los puntos de venta fronterizos inspeccionados y las sentencias impuestas a los involucrados en estos delitos.

Según el informe más reciente de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el 74% de las armas aseguradas en México tienen su origen en Estados Unidos, con un flujo significativo desde Texas (43%), Arizona (22%) y California (9%). Entre 2017 y 2023, México solicitó el rastreo de 148,200 armas, de las cuales más de 50,000 correspondieron al período de 2022 a 2023, mostrando un incremento del 25% en las solicitudes entre 2021 y 2023.

La violencia e inseguridad en el país se ven agravadas por el constante flujo de armamento ilegal desde Estados Unidos. Los legisladores mexicanos consideran que un control más efectivo y una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades estadounidenses podrían reducir significativamente el poder de los cárteles. La petición también busca reforzar el compromiso bilateral en la inversión en tecnología balística y estrategias conjuntas para frenar esta crisis.