El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se encuentra bajo investigación por un presunto desfalco al erario federal que supera los 30 mil millones de pesos, según revelaron informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La ASF ha presentado al menos dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exmandatario, acusándolo de desvío de recursos públicos y de participar en delitos de delincuencia organizada.

Las investigaciones señalan que entre los años 2016 y 2021, Aureoles habría causado un daño patrimonial de más de 3 mil 400 millones de pesos debido a operaciones irregulares relacionadas con el arrendamiento, mantenimiento y la posterior adquisición de siete cuarteles policiacos en el estado de Michoacán. Estos cuarteles, ubicados en los municipios de Huetamo, Jiquilpan, Apatzingán, Coalcomán, Uruapan, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas, fueron considerados por la FGR como parte de una operación realizada de "manera sumamente inexplicable e irracional". Según la Fiscalía, este mal manejo de recursos públicos constituye una de las principales fuentes de la acusación en su contra.

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El pasado 1 de marzo de 2025, la FGR emitió una orden de aprehensión contra Aureoles, quien aún permanece prófugo, mientras que sus excolaboradores más cercanos fueron detenidos. Entre ellos se encuentran Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, y Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública del estado. Estos exfuncionarios enfrentan cargos por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.

El gobierno de Michoacán, bajo la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, ha reconocido que, entre 2016 y 2021, no ha podido justificar irregularidades por más de 28 mil millones de pesos detectadas en el manejo de recursos federales, lo que incluye al menos 204 expedientes de auditoría. Además, otros 2 mil 139 millones de pesos siguen pendientes de aclaración, lo que podría representar un daño patrimonial aún mayor.

La denuncia ante la FGR se originó a partir de una auditoría realizada a las participaciones federales recibidas por el gobierno de Michoacán en 2020, aunque el monto involucrado en esta acusación no ha sido especificado. En total, existen más de 800 millones de pesos que no han sido reintegrados a la Federación, según los informes de la ASF.

Este caso de corrupción, que involucra tanto a Aureoles como a varios de sus colaboradores, ha dejado en evidencia una serie de irregularidades relacionadas con licitaciones fraudulentas, sobrevaloración de contratos, y un uso indebido de fondos destinados a programas sociales. La red de corrupción que se investiga no solo afecta al gobierno estatal, sino que también pone en duda la transparencia en la gestión de los recursos federales destinados a Michoacán durante los años de su mandato.

Aureoles, quien fue el último gobernador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán y dejó el cargo en septiembre de 2021, ha sido acusado en diversas ocasiones de malversación de fondos públicos. La denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, revela cómo el exgobernador habría tejido una red de corrupción a lo largo de su carrera política, comenzando cuando fue diputado federal.

La denuncia destaca el involucramiento de diversas personas cercanas a Aureoles, incluyendo a familiares y colaboradores políticos. De acuerdo con esta investigación, Aureoles habría utilizado empresas fachada y otros métodos ilícitos para desviar recursos públicos. Además, la FGR y la Fiscalía de Michoacán han comenzado a indagar sobre licitaciones fraudulentas, contratos sobrevalorados y el manejo irregular de recursos destinados a la construcción de cuarteles de la Guardia Civil en varios municipios del estado.

Uno de los aspectos más notorios de este caso es el lujoso estilo de vida que Aureoles y su familia habrían mantenido durante su mandato. Según las investigaciones, las hijas del exgobernador, Elizabeth y Sofía, fueron beneficiadas con consumos en tarjetas de crédito por más de 6 millones de pesos, y viajaron al menos 47 veces a países como Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, España, Alemania, Francia y el Reino Unido. También se descubrió que Aureoles hizo aportaciones a su Afore por casi 1 millón de pesos durante su mandato.

En cuanto a sus colaboradores, Carlos Maldonado Mendoza, Mario Delgado Murillo, Elizabeth Villegas Pineda y Antonio Bernal Bustamante, han sido detenidos y enfrentan cargos graves que incluyen peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En una audiencia que duró 18 horas, la jueza Patricia Sánchez Nava dictó prisión preventiva justificada para los detenidos y fijó medidas cautelares, como la reclusión de algunos en el Reclusorio Oriente y otros en el Reclusorio de Santa Martha.