Las políticas migratorias impuestas por el Gobierno de Donald Trump han transformado el panorama en la frontera norte de México. A seis semanas de su regreso a la Presidencia de Estados Unidos, los albergues en Ciudad Juárez registran una caída histórica en su ocupación, con porcentajes que apenas alcanzan el 10% de su capacidad, de acuerdo con directores de refugios en la región.

Elmael Martínez, responsable del albergue Pan de Vida, confirmó el desplome en la cantidad de migrantes que buscan refugio en estos centros. "Nada que ver con el año pasado. La mayoría ha optado por quedarse en México, estableciendo familias y consiguiendo empleo", afirmó.

Esta reducción responde a una serie de medidas implementadas tanto por Estados Unidos como por México. Mientras la administración de Trump endureció los requisitos para el ingreso de migrantes y reforzó la seguridad fronteriza, el Gobierno de México desplegó a 10,000 elementos de la Guardia Nacional para combatir el tráfico de personas y drogas. Esta acción también busca evitar la amenaza de aranceles del 25% a productos mexicanos.

Martínez aseguró que el descenso en los cruces también se debe a que "el Gobierno mexicano ya no dejó pasar las caravanas", una decisión que ha reducido considerablemente el flujo migratorio hacia la frontera norte.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó las cifras oficiales que indican una disminución significativa en los encuentros con migrantes irregulares en la frontera con EE.UU., señalando que el 17 de febrero solo se registraron 367 casos, la cifra más baja en la historia reciente.

No obstante, la disminución en la ocupación de los albergues no implica una solución al problema migratorio. Ernesto Alexander Vasconcelos, abogado mexicano con nacionalidad venezolana y representante de la comunidad migrante de su país en Ciudad Juárez, alertó sobre los riesgos que enfrentan las personas en movilidad que han quedado varadas en la región.

"El principal peligro es la seguridad física de los migrantes, quienes están más expuestos a grupos delictivos dedicados al tráfico de personas y otras actividades criminales", advirtió Vasconcelos. Además, criticó la falta de una estrategia clara por parte del Gobierno mexicano para regularizar la situación de los migrantes.

"El Instituto Nacional de Migración (INM) no tiene la capacidad para atender a esta cantidad de personas", lamentó. Asimismo, denunció que la política de reubicación de migrantes en el sur de México en lugar de deportarlos a sus países de origen no soluciona el problema. "No es un plan migratorio adecuado", sentenció.

Otro de los efectos colaterales de las restricciones migratorias ha sido la separación de familias. Vasconcelos aseguró que conoce "muchos casos donde los padres quedaron del lado estadounidense, mientras que sus hijos, incluso menores de edad, están solos en México".