Nuevos testimonios recopilados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco han revelado que en el Rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de La Estanzuela, Teuchitlán, no solo operaba un crematorio clandestino, sino que también se llevaban a cabo brutales actos de violencia, adiestramiento forzado y crímenes de lesa humanidad.

El pasado 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó el sitio tras una llamada anónima. Sin embargo, según denuncias del colectivo, ya había sido intervenido por las autoridades en septiembre de 2024 sin que se documentaran ni aseguraran los hornos crematorios ni los restos humanos presentes en el lugar.

En el predio se encontraron tres hornos subterráneos, restos óseos, maletas, credenciales, ropa, zapatos, casquillos y estructuras utilizadas para adiestramiento armado. Según testimonios, el sitio operaba desde 2012 como un centro de exterminio y reclutamiento forzado, vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Indira Navarro, líder de Guerreros Buscadores de Jalisco, explicó que el centro de autobuses era un punto clave para el reclutamiento forzado. A los jóvenes se les ofrecía un supuesto empleo con una buena paga, pero una vez en el rancho, eran sometidos a violencia extrema, aislamiento y obligados a cavar fosas o quemar cuerpos en hornos clandestinos.

Uno de los sobrevivientes relató que los prisioneros eran forzados a incinerar restos humanos en una zona apodada “La Carnicería”. Aquellos que mostraban debilidad eran enviados a un área conocida como “La Puerquera”, donde cerdos los devoraban vivos.

Una joven identificada como María, quien logró escapar tras permanecer tres años cautiva, reveló más detalles. Aseguró que en el rancho se llevaban a cabo experimentos médicos, posiblemente relacionados con tráfico de órganos, y que niños eran víctimas de abuso por parte de altos mandos del grupo criminal.

Según su testimonio, los cautivos eran obligados a participar en peleas en lodo como método de castigo. Se les hacía vestir uniformes naranjas, similares a los de las cárceles, y aquellos que intentaban escapar eran ejecutados de inmediato.

A pesar de las denuncias y los hallazgos, las autoridades no tomaron acciones contundentes en la intervención de 2024. Navarro señaló que el terreno del rancho, de menos de una hectárea, apenas fue explorado por la fiscalía y que la búsqueda se limitó a tres excavaciones sin uso de tecnología especializada como georradares.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunció la apertura de una investigación y cuestionó la inacción de las autoridades locales: “No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por el gobierno estatal y municipal”.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha instado al Gobierno Federal y a organismos internacionales a intervenir. “Necesitamos apoyo urgente. Aquí desaparecen personas todos los días y esto no se puede quedar así”, enfatizó Navarro.

Mientras tanto, la fiscalía ha publicado un documento con información y fotografías de los objetos hallados en el rancho, con la esperanza de que las familias de desaparecidos puedan identificarlos y obtener respuestas.

Jalisco enfrenta una crisis humanitaria con 15,426 personas desaparecidas, de las cuales 12,407 son hombres y 5,487 mujeres.