Carlota “N”, una mujer de más de 70 años que se volvió viral por presuntamente disparar contra un grupo de personas durante un desalojo en Chalco, fue vinculada a proceso este viernes por el delito de homicidio calificado. Junto a ella también fueron procesados sus hijos, Mariana “N” y Eduardo “N”, quienes habrían participado activamente en el mismo hecho violento.

 

El incidente que detonó la investigación ocurrió cuando Mariana “N” confrontó a individuos que, según su versión, habían invadido su propiedad. Las autoridades señalan que en ese momento Mariana ordenó a su madre, Carlota, abrir fuego contra los supuestos invasores, y a su hermano, Eduardo, disparar directamente contra un menor de edad. Por ello, además del cargo de homicidio calificado, tanto Mariana como Eduardo enfrentan acusaciones por homicidio en grado de tentativa.

 

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Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso formalmente las pruebas reunidas en la investigación y solicitó prisión preventiva justificada para los tres imputados. El fiscal argumentó que, en libertad, podrían representar un riesgo para testigos y familiares de las víctimas, además de que existe la posibilidad de que intenten evadir la justicia.

 

La defensa, por su parte, solicitó medidas cautelares menos severas. En el caso de Carlota “N”, se pidió arresto domiciliario debido a su avanzada edad, diabetes y la necesidad de recibir insulina cada cuatro horas. Para Mariana “N”, se propuso su reclusión en un hospital psiquiátrico, ya que sufre trastorno bipolar, ataques epilépticos y episodios psicóticos.

 

Ante estas peticiones, la jueza del caso dictó prisión preventiva para los tres, aunque dejó abierta la posibilidad de que Carlota enfrente el proceso en libertad si su defensa logra demostrar que cuenta con un domicilio fijo. Asimismo, ordenó que Mariana sea sometida a una evaluación psiquiátrica por peritos de la Fiscalía, con el fin de establecer si es apta para enfrentar un juicio penal o debe ser internada en un centro de salud mental.

 

La audiencia fue suspendida y se reanudará el próximo 9 de abril a las 9:00 horas, momento en el que se definirá la situación jurídica definitiva de los tres implicados.