La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un ambicioso paquete de reformas a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a la Ley de Obras Públicas, con el propósito de transformar profundamente los mecanismos de contratación del Gobierno federal. Según explicó, los ajustes permitirán reducir la burocracia, evitar actos de corrupción y fortalecer la economía nacional mediante la promoción de las cadenas productivas locales.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que una de las principales motivaciones detrás de los cambios es eliminar los retrasos generados por los procesos administrativos actuales. “Una obra que podría comenzar en febrero termina iniciando en octubre por trámites burocráticos innecesarios. Eso impide ejercer los recursos disponibles a tiempo y retrasa el desarrollo”, comentó.

La mandataria también subrayó que los nuevos lineamientos permitirán establecer mecanismos de trazabilidad más robustos en todas las etapas de adquisición y construcción. Esto no solo dará mayor certeza y transparencia al uso de los recursos públicos, sino que también facilitará mejores precios y condiciones al fomentar la competencia entre proveedores.

Por su parte, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló los principales elementos de la nueva Ley de Adquisiciones. Entre los cambios destacados se encuentra la incorporación de modelos como la subasta inversa, los diálogos competitivos y las adjudicaciones directas bajo esquemas de negociación estratégica. Además, se fortalecerán las compras consolidadas y los acuerdos marco, con el objetivo de obtener mejores precios y condiciones más favorables para el Estado.

Uno de los pilares de esta reforma será la obligatoriedad de que al menos el 65% del contenido de lo adquirido sea de origen nacional. Este enfoque busca fomentar la industria local y las cadenas de valor mexicanas. Asimismo, se brindarán facilidades para que pequeñas y medianas empresas, así como cooperativas, accedan a licitaciones mediante beneficios como anticipos, pagos rápidos, y acompañamiento institucional.

El sistema CompraNet también será renovado y evolucionará hacia una plataforma más moderna e interactiva. La nueva versión incluirá una Tienda Digital que permitirá a los proveedores ofrecer sus productos y servicios con mayor agilidad y visibilidad.

En cuanto a la Ley de Obras Públicas, Buenrostro adelantó que ahora se permitirán diálogos estratégicos con el sector privado antes de licitar, para mejorar la calidad de las propuestas. Además, se establecerán responsabilidades solidarias para los supervisores de obra, se realizarán investigaciones de mercado más precisas y se dará preferencia a las empresas locales en las contrataciones.

Uno de los avances más relevantes será la reducción de casi una tercera parte en los tiempos de contratación, lo que permitirá una ejecución más ágil de proyectos públicos, sin comprometer la calidad ni la transparencia.

Finalmente, la funcionaria recordó que desde la creación de ambas leyes, ya existía la posibilidad de contrataciones directas entre instituciones públicas. Sin embargo, para evitar abusos como los ocurridos en la llamada Estafa Maestra, se establecerá un límite a la subcontratación: no podrá superar el 49% del contrato, con lo que se busca blindar el proceso de asignación de recursos y garantizar su correcto destino.