La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes que las empresas involucradas en el escándalo de sobrecostos en la compra consolidada de medicamentos cuya licitación fue anulada la semana pasada enfrentarán sanciones que podrían incluir multas económicas, cancelación de contratos o incluso la inhabilitación permanente para participar en futuras adquisiciones públicas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló que la Secretaría de Salud ya trabaja en un nuevo proceso de licitación para garantizar precios justos, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno avanza en la revisión de los contratos irregulares.

 

"No habrá tolerancia: o se inhabilitará a las empresas infractoras, se impondrán multas o se rescindirán los contratos. Lo prioritario es que los medicamentos lleguen a hospitales a precios correctos y sin retrasos", afirmó Sheinbaum.

Pese a la nulidad de la licitación emitida el 8 de abril, el Gobierno federal aseguró que el suministro de medicamentos e insumos médicos no se verá afectado. Birmex, entidad responsable del proceso, tiene hasta el 21 de abril para acatar la resolución y dar paso a una nueva convocatoria.

 

"Tenemos margen para implementar los nuevos contratos sin interrumpir la entrega en centros de salud", reiteró la administración.

La presidenta enfatizó tres ejes de la estrategia:

1. Compra directa a productores de medicamentos.

2. Precios justos sin sobrecostos.

3. Agilidad para evitar desabastos.

 

Este caso marca un precedente en la política de cero corrupción prometida por Sheinbaum, en un sector históricamente opaco. Mientras tanto, organizaciones civiles exigen que las sanciones se apliquen con nombres y apellidos para evitar la impunidad.

¿Qué sigue?

• Investigación a fondo de las empresas implicadas.

• Nueva licitación bajo supervisión anticorrupción.

• Monitoreo ciudadano para garantizar transparencia.

El mensaje es claro: el Gobierno no permitirá prácticas que encarezcan la salud pública.