La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la detención del alcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Ascención Murguía, vinculado al caso del Rancho Izaguirre, presuntamente utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como campo de adiestramiento. Durante su conferencia matutina, la mandataria evitó pronunciarse sobre los señalamientos en su contra y subrayó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer los avances de la investigación.

Murguía fue detenido el pasado 3 de mayo y vinculado a proceso por delincuencia organizada y desaparición forzada. Según testimonios presentados por la FGR, el edil no solo tenía conocimiento de las actividades ilícitas en el rancho, sino que habría participado en ellas, recibiendo supuestamente 70 mil pesos mensuales por colaborar con el CJNG.

#EnLaMañanera | La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el caso de la detención del alcalde de Teuchitlán, José Ascención Murguía, lo revisa la Fiscalía General de la República (FGR) y ésta será la encargada de dar a conocer los avances en las investigaciones pic.twitter.com/zb1sOZsHPl

— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) May 5, 2025

El fiscal Alejandro Gertz Manero confirmó que el predio funcionaba como centro de entrenamiento del cártel, pero descartó que hubiera crematorios clandestinos, en contraste con las denuncias del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que reportó el hallazgo de restos óseos calcinados en el lugar.

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Sheinbaum destacó que su gobierno solicitó a la FGR asumir el caso y pidió transparencia en las indagatorias. "Es el fiscal quien tiene que informar cuáles son las pruebas de este vínculo delincuencial", afirmó. Además, mencionó que se mantiene la comunicación entre la fiscalía, la Secretaría de Gobernación y los colectivos de búsqueda, luego de que estos últimos exigieran justicia para las víctimas del rancho.

El arresto de Murguía, quien gobernaba Teuchitlán por tercera ocasión, ha puesto bajo la lupa los nexos entre autoridades locales y el crimen organizado, en un contexto donde México registra más de 120 mil personas desaparecidas. La FGR mantiene reserva sobre el caso, mientras organizaciones civiles demandan acceso a la verdad y justicia.