TIJUANA B.C., 2 DE AGOSTO DEL 2022. En mayo de este año, la administración de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda interpuso una denuncia penal por los delitos de peculado y coalición de servidores públicos contra el exgobernador y nueve ex funcionarios más, por haber firmado un contrato “leonino” con la empresa Next Energy para surtir de energía a la entidad.

En la revisión del convenio mercantil, la actual administración determinó que era desventajoso y tendría una afectación de 12 mil millones de pesos para el erario del estado.

La Fiscalía General del Estado indagó la denuncia del gobierno del estado y al considerar que había elementos de prueba suficientes es que un juez de control lo llamó a declarar “en calidad de imputado”, es decir, de “acusado".

Tanto Bonilla como los nueve exfuncionarios están citados para declarar el 15 de agosto.

A poco más de un mes de la fecha que el juez de control fijó para que declare por las imputaciones que se le hacen, Bonilla le envió el citado oficio y ahí le recuerda que aún se ostenta como senador y que si bien la sala regional determinó que no puede “retomar” el escaño como senador, el caso aún se encuentra “sub judice”, es decir, que aún no concluye.

El documento enviado por el exgobernador