En Guanajuato, el debate sobre la despenalización del aborto continúa siendo un tema pendiente. A pesar de que 22 estados en México han avanzado en esta materia, Guanajuato se mantiene entre las entidades que aún penalizan la interrupción del embarazo, resistiéndose a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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Organizaciones como Las Libres, con más de dos décadas de trabajo en la defensa de los derechos reproductivos, han sido clave en la lucha por el acceso al aborto seguro. Esta agrupación ha acompañado a mujeres criminalizadas por abortos espontáneos y ha promovido redes de apoyo transfronterizas para garantizar este derecho.

En el ámbito legislativo, partidos como Movimiento Ciudadano han presentado iniciativas para reformar el Código Penal y permitir la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, estas propuestas han sido rechazadas por la mayoría panista en el Congreso local, que mantiene una postura conservadora en este tema.

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Mientras tanto, las mujeres guanajuatenses enfrentan una doble realidad: por un lado, la criminalización y estigmatización del aborto; por otro, la necesidad de trasladarse a otras entidades para acceder a servicios seguros. La presión de colectivos feministas y legisladores continúa, con la esperanza de que el estado reconozca y garantice plenamente los derechos reproductivos de las mujeres.

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