El Gobierno de México solicitará a Estados Unidos la extradición de Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde en 2009 murieron 49 niños tras un incendio.

 

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina que se iniciarán los trámites para su extradición desde Arizona, donde Téllez fue detenida recientemente.

 

“Sí, hay que solicitar la extradición evidentemente. Lo que no tengo claro es si ya se solicitó o si está por solicitarse”, declaró Sheinbaum desde Palacio Nacional, al ser cuestionada sobre el caso.

 

La detención fue reportada por el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, el cual entregó una carta dirigida tanto a la presidenta como al fiscal Alejandro Gertz Manero. En el documento se indica que Téllez Nieves está recluida en el Centro de Detención de Eloy, en el estado de Arizona, como consecuencia de una ficha roja emitida por Interpol.

 

La ficha responde a una orden de reaprehensión para que la señalada cumpla con la sentencia firme dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con la tragedia en la guardería, subrogada en ese entonces por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

 

En relación con las víctimas, la mandataria aseguró que su administración mantendrá el compromiso con las familias afectadas:

“Siempre estar con las víctimas, siempre. Me reuní con algunos de ellos en Sonora cuando estuve allá. Zoé Robledo (titular del IMSS) se ha reunido muchas veces con padres y madres de la Guardería ABC. Lo que haga falta, vamos a hacerlo”, dijo.

 

El 5 de junio de 2009, un incendio iniciado en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal se extendió hasta la Guardería ABC, provocando la muerte de 25 niñas y 24 niños, todos menores de cinco años. Más de 70 sobrevivientes sufrieron quemaduras severas y otros 39 presentaron daños permanentes en su salud.

 

Investigaciones posteriores revelaron que la guardería no contaba con salidas de emergencia funcionales y operaba con múltiples irregularidades en materia de seguridad. Aunque más de 20 exfuncionarios han sido señalados por omisiones, ninguno ha recibido una sentencia condenatoria firme hasta la fecha.