El crimen organizado en México ha diversificado sus actividades y encontrado un nuevo modelo de negocio en el llamado “lechicoleo”, una práctica delictiva que consiste en el robo y la venta ilegal de leche, y que tiene en Guanajuato su principal plaza de operaciones.

El modus operandi es alarmantemente similar al del robo de hidrocarburos. Conductores de pipas que transportan leche se coluden con grupos delictivos para desviar las unidades a puntos ciegos, conocidos como “points de ordeña”. Allí, extraen miles de litros de leche, que son sustituidos en la pipa por una mezcla de agua y sal para disimular el peso y el volumen robados. La pipa adulterada continúa su camino hacia las plantas de envasado, mientras que la leche robada, sin ningún control sanitario, se introduce al mercado negro. Este producto adulterado representa un grave riesgo para la salud de los consumidores, al carecer de las condiciones mínimas de higiene y calidad.

 

Las cifras de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato son contundentes. En los últimos ocho meses, se han incautado 160,800 litros de leche adulterada en una serie de operativos. Entre los casos más destacados se encuentran la detención en enero de dos hombres en Irapuato, quienes extraían aproximadamente 20,000 litros diarios; el aseguramiento en febrero de 34,000 litros de leche robada en León; y la intervención en abril de una pipa sobre la carretera federal 45D, con 66,000 litros de producto sustraído. Juan Mauro González, secretario de Seguridad del estado, alertó: “Esa leche se vende a las personas que la puedan consumir, no sabes qué puede pasar… cuando en teoría debería de estar llegando a la cadena, ya va contaminada”.

 

De acuerdo con la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), este delito es operado en gran medida por ex empleados de la industria láctea. Ricardo Villavicencio Contreras, presidente del organismo, señaló que son “delincuentes que saben o que estuvieron en algún momento en el negocio, lo conocen y luego ya saben qué hacer, a dónde ir o a dónde llevar los productos que se roban”. Aunque lo calificó como un delito de “baja incidencia”, Villavicencio Contreras criticó que su simple existencia refleja un déficit en la seguridad que afecta a toda la cadena de producción.

 

El impacto del “lechicoleo” es doble. Por un lado, representa un riesgo sanitario al exponer a la población a consumir un producto adulterado en condiciones insalubres. Por otro, tiene un impacto económico, ya que las empresas lácteas se ven forzadas a invertir en tecnologías de rastreo y seguridad privada para proteger sus cargamentos. Estos costos operativos adicionales inevitablemente se trasladan al precio final de los productos, afectando el bolsillo de los consumidores. 

 

 

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