El Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra denunció que la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), agrupación de seguridad conformada en 2024 por el gobierno de Chiapas, ha incurrido en actos de intimidación, invasión de territorios y allanamientos ilegales en comunidades del estado.

 

De acuerdo con la organización, las acciones de este grupo, creado para contener la violencia generada por organizaciones criminales, no han contribuido a la paz, sino que han derivado en nuevos abusos contra la población. En el escrito titulado “Una voz que clama en el desierto”, la agrupación documentó testimonios de pobladores que señalan amenazas y despojos de tierras.

 

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El informe también cuestiona los mensajes oficiales sobre los supuestos avances en seguridad en Chiapas y en el país. “Dicen los que gobiernan que estamos en tiempos de transformación (...) pero estamos peor que cuando ellos estaban”, señala el documento, en el que además califican los programas sociales como “clientelares”.

 

La organización vinculó el asesinato del sacerdote tzotzil Marcelo Pérez a un presunto “complot” entre autoridades y grupos generadores de violencia, y denunció que la población migrante sigue enfrentando riesgos en fronteras, carreteras y rutas poco vigiladas, sin recibir atención digna.

 

La agrupación enlistó cinco demandas principales: esclarecer el homicidio de Marcelo Pérez, rechazar los megaproyectos que afectan al medio ambiente, liberar a presos políticos del estado, erradicar cacicazgos locales y atender la infraestructura básica en comunidades marginadas.

 

 

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