La Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) han emitido una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Baja California por el Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Ruffo Appel, como parte de una extensa investigación por el delito de "huachicol fiscal".

Esta orden se enmarca en una operación masiva que contempla más de 200 solicitudes de captura contra agentes aduanales, empresarios, personal militar y funcionarios públicos por su presunta participación en una red que permitió el contrabando de combustibles hacia México durante años.

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La acusación contra Ruffo Appel

El exmandatario está vinculado a la investigación por ser socio mayoritario de la empresa Ingemar S.A. de C.V., compañía clave en el megadecomiso de 15 millones de litros de combustible realizado por autoridades federales en Coahuila el pasado 7 de julio.

A diferencia del huachicol tradicional (robo de combustible de ductos), el "huachicol fiscal" consiste en introducir hidrocarburos al país amparados bajo documentos falsos o subdeclarados para evadir el pago de impuestos, un delito que ha causado cuantiosos daños económicos al erario.

El caso de la empresa Ingemar

De acuerdo con la investigación, Ingemar se constituyó en 2018 inicialmente dedicada a bienes raíces y relaciones públicas. Sin embargo, en 2019 modificó su objeto social para ingresar al mercado energético. 

Sorprendentemente, en 2023 obtuvo un permiso federal para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel, a pesar de no contar con infraestructura propia para almacenar u operar dichos volúmenes.

Informes de inteligencia señalan que la empresa utilizó bitácoras alteradas en aduanas para enmascarar millones de litros de combustible como otros productos, facilitando su entrada ilegal al país.

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La defensa del ex gobernador

 
Frente a las acusaciones, Ernesto Ruffo Appel se ha declarado inocente. En entrevistas previas, afirmó que su conciencia está "absolutamente tranquila" y se ha deslindado de cualquier responsabilidad directa en operaciones irregulares.

El exgobernador argumentó que Ingemar sólo se responsabiliza del volumen declarado ante aduanas, no del transporte real o la manipulación del combustible, y señaló que la comercialización estaba a cargo de su cliente autorizado, "Crismón", empresa avalada por la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Con información de: EL UNIVERSAL