La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció de manera enfática en contra de los cobros adicionales que algunas plataformas digitales han implementado a los usuarios, justificándolos en la aplicación de la nueva Ley Laboral para trabajadores de este sector.

Durante un mensaje, la mandataria reconoció el avance fundamental que representa la ley: la incorporación de repartidores y conductores al régimen del Seguro Social. “Hoy tienen acceso a la salud y a una pensión que antes no tenían. La mayoría de los trabajadores están muy contentos porque ahora su familia también cuenta con seguridad social”, afirmó Sheinbaum, recordando que este logro fue resultado del diálogo entre su gobierno, las empresas y los trabajadores.

 

Sin embargo, aclaró que el espíritu de la reforma es garantizar derechos laborales, no encarecer el servicio para el consumidor final. “No debe cobrarse al usuario más, no debe ser eso”, subrayó, tras señalar que ha notado que empresas como Uber o DiDi han comenzado a aplicar este ajuste en la tarifa.

La Presidenta fue contundente al señalar que la ley no establece que este costo deba trasladarse a los usuarios o ser descontado del salario de los trabajadores. “No es correcto que las empresas trasladen el costo de este pago a los usuarios de las aplicaciones”, aseveró, y anunció una revisión exhaustiva del caso. “Esta situación será revisada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría del Trabajo”, para evitar posibles abusos contra los consumidores y asegurar el cumplimiento integral de la normativa.

 

#ClaudiaSheinbaum informó que solicitará a la Profeco revisar posibles cobros indebidos de apps de transporte, luego de detectar que están transfiriendo el costo del seguro a los usuarios pic.twitter.com/4494cyvMwx

— El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 7, 2025

Con esta postura, el Gobierno de México busca equilibrar la balanza: proteger los derechos laborales conquistados por miles de trabajadores de plataformas digitales, al mismo tiempo que defiende el bolsillo de los consumidores frente a posibles incrementos injustificados.

 

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