La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) clausuró trece casinos en distintos estados del país, tras detectar operaciones financieras irregulares que apuntan a un posible esquema de lavado de dinero a través de efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales.

 

De acuerdo con la dependencia, la investigación realizada en coordinación con el Gabinete de Seguridad permitió identificar prácticas “consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero” en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.

 

Entre las irregularidades detectadas figuran movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además del uso de plataformas no reguladas que facilitaban la dispersión y ocultamiento de recursos ilícitos.

 

La SHCP explicó que, por su alto riesgo financiero, los trece casinos fueron incorporados a la lista de personas morales bloqueadas, como medida preventiva para evitar su uso por parte de organizaciones criminales.

 

La investigación también reveló el uso de “prestanombres” o intermediarios, entre ellos amas de casa, estudiantes y jubilados, quienes recibían depósitos y los transferían a los verdaderos beneficiarios a cambio de una comisión, simulando ganancias provenientes del juego.

 

Ante estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación, por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y evasión fiscal.

 

Hacienda subrayó que estas acciones se enmarcan en la cooperación internacional con agencias como FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

 

El gobierno federal reiteró su compromiso de fortalecer la coordinación entre instituciones financieras, de seguridad y justicia, con el objetivo de cerrar espacios al crimen organizado y proteger a los usuarios de los sistemas de apuestas y juegos de azar.