Lo que parecía un traslado rutinario de valores terminó por convertirse en un caso que ha encendido el debate sobre los límites entre la labor privada de custodia y la vigilancia del Estado. Dos custodios de seguridad privada fueron vinculados a proceso luego de ser detenidos mientras transportaban 37 millones de pesos en efectivo en una camioneta blindada, sin poder acreditar de manera inmediata la legal procedencia del dinero.

 

La detención ocurrió en el municipio de Naucalpan, durante un operativo de seguridad sobre una de las vialidades más transitadas de la zona. De acuerdo con las autoridades, el vehículo llamó la atención tras una maniobra considerada evasiva, lo que derivó en una revisión preventiva. Al inspeccionar la unidad, los elementos localizaron el efectivo distribuido en paquetes, además de armas de fuego y cargadores.

 

Los hombres, identificados como Iván “N” y José “N”, se desempeñaban como custodios de una empresa dedicada al traslado de valores. Sin embargo, durante la intervención no contaban con la documentación necesaria para justificar el movimiento del dinero ni para acreditar plenamente la portación de una de las armas aseguradas.

 

La Fiscalía del Estado de México imputó a los detenidos por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación indebida de armas. Un juez de control determinó su vinculación a proceso y ordenó medidas cautelares mientras continúan las investigaciones.

 

El caso ha generado controversia luego de que la defensa de los custodios asegurara que el traslado formaba parte de un servicio legal, respaldado por contratos y documentos internos de la empresa, los cuales —según su versión— no fueron considerados al momento de la detención. Será durante el desarrollo del proceso judicial cuando se determine si el efectivo tiene un origen lícito o si existen elementos que configuren un delito.

 

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