México y Estados Unidos acordaron acelerar la entrega de presuntos integrantes del crimen organizado como parte de un reforzamiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad, informó el Departamento de Estado estadounidense tras una reunión de alto nivel entre funcionarios de ambos países.

 

El compromiso fue asumido durante un encuentro del Grupo de Implementación de Seguridad, mecanismo binacional creado para coordinar acciones contra el narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de dinero. De acuerdo con autoridades estadounidenses, México se comprometió a agilizar los procedimientos para la transferencia de personas consideradas objetivos criminales de alto valor.

 

El acuerdo se enmarca en la estrategia conjunta para enfrentar la producción y el tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha provocado una grave crisis de salud pública en Estados Unidos y que ha colocado la cooperación con México en el centro de la agenda bilateral.

 

En los últimos meses, el Gobierno mexicano ha intensificado la colaboración con Washington mediante la entrega de decenas de presuntos delincuentes vinculados a organizaciones criminales, en algunos casos a través de mecanismos distintos a la extradición tradicional, con el argumento de evitar retrasos derivados de procesos judiciales prolongados.

 

Funcionarios de ambos países señalaron que el objetivo es obtener resultados más rápidos y eficaces en el debilitamiento de las estructuras criminales, mediante el intercambio de información, la coordinación operativa y la acción judicial conjunta.

 

Aunque el anuncio fue presentado como un avance en la cooperación bilateral, especialistas en seguridad advierten que la aceleración de entregas, por sí sola, no garantiza una reducción sostenida de la violencia en México, si no va acompañada de estrategias integrales que atiendan el control territorial, la corrupción y la impunidad.

 

El acuerdo reafirma la prioridad que ambos gobiernos han dado al combate al crimen organizado transnacional, en un contexto de presión política y social para mostrar resultados concretos frente a uno de los principales desafíos de seguridad en la región.

 

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