Con el objetivo de fortalecer la autonomía y los derechos colectivos de los pueblos originarios, el diputado Bernabé Aguilar Carrillo presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Durango, para armonizar la legislación local con la Constitución federal y los tratados internacionales en la materia.

 

El legislador de Morena señaló que la propuesta busca combatir la histórica invisibilización de las comunidades indígenas, mediante un marco jurídico que reconozca plenamente sus derechos fundamentales y su papel en la vida democrática, social y cultural del estado.

 

Durante su intervención, Aguilar Carrillo destacó que por décadas los pueblos indígenas crecieron y resistieron sin un respaldo jurídico suficiente, situación que comenzó a revertirse con el reconocimiento constitucional de sus derechos a nivel federal en años recientes.

 

Subrayó que la reforma responde al mandato constitucional que obliga a los congresos locales a actualizar sus marcos normativos, para que los derechos reconocidos no queden únicamente en el texto legal, sino que se traduzcan en herramientas reales para las comunidades.

 

La iniciativa armoniza la legislación estatal con el artículo segundo constitucional, al reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio; fortalecer su autonomía y participación en la vida pública; y reforzar el derecho a la consulta previa, libre e informada.

 

Asimismo, incorpora el reconocimiento de los sistemas normativos internos, la medicina tradicional, los saberes ancestrales y la relación histórica de los pueblos indígenas con su territorio, además de establecer la obligación del Estado de incluirlos en los procesos de planeación, programas y presupuestos públicos.

 

El diputado informó que, de acuerdo con datos del INEGI, más de 118 mil personas en Durango se reconocen como indígenas, por lo que la iniciativa también contempla la inclusión del pueblo afromexicano dentro del mismo régimen de protección, conforme al mandato constitucional vigente. La propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas para su análisis y dictaminación.