La familia de Miguel Ángel Rojas Hernández, fotoperiodista que murió durante el festival Axe Ceremonia 2025, solicitó formalmente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la comparecencia de Diego Jiménez Labora, fundador de Grupo Eco, así como de otros accionistas vinculados a la empresa organizadora del evento, con el fin de esclarecer las responsabilidades por los hechos ocurridos el pasado 5 de abril en el Parque Bicentenario.

A través de un comunicado, la hermana y los padres de la víctima pidieron que personas con poder de decisión corporativa rindan entrevista para explicar la estructura interna de las compañías, sus mecanismos de control y la existencia de protocolos de prevención de riesgos y seguridad. “No se trata de acusaciones anticipadas, sino de conocer quién tomaba las decisiones y quién tenía el deber de evitar lo ocurrido”, señaló Diana Laura Rojas Hernández.

De acuerdo con información pública, Diego Jiménez Labora es fundador de Grupo Eco, empresa responsable del Axe Ceremonia. Además, documentos del Registro Público de la Propiedad y Comercio y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial indican que también es fundador de la empresa titular de la marca Obra Negra, firma que estuvo a cargo de la logística del festival y de la instalación de las grúas cuya caída provocó la muerte de Miguel Ángel y de la fotoperiodista Berenice Giles.

La familia también solicitó que la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V., concesionaria del Parque Bicentenario durante el evento, sea considerada imputada dentro de la investigación. Actualmente, señalaron, solo figura como imputada Operadora Eclectic S.A. de C.V., responsable del Programa Especial de Protección Civil del festival y vinculada a la familia Mc Phail Trouyet.

“Si una empresa administra un recinto abierto al público, también administra la seguridad de quienes entran a él”, sostuvo Diana Laura Rojas Hernández al insistir en que se investigue a fondo a todas las compañías involucradas en la organización y operación del evento.

A casi un año de la muerte de Miguel Ángel Rojas Hernández y Citlali Berenice Giles Rivera, ambos estudiantes de la FES Aragón de la UNAM, la audiencia inicial del caso aún no se ha celebrado. Ante esta situación, la familia anunció que presentará una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación por presuntas irregularidades en el trámite del amparo indirecto 853/2025, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, a cargo de la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros.

De acuerdo con la familia, la suspensión otorgada desde hace más de cuatro meses en dicho juicio ha impedido que la Fiscalía capitalina formule imputaciones penales contra las personas y empresas investigadas, lo que, afirman, vulnera su derecho a una justicia pronta y expedita.

 

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