El Gobierno de México fijó su postura ante la información difundida por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos de funcionarios de Sinaloa con el crimen organizado, al señalar que cualquier acción deberá apegarse estrictamente a la ley y que, hasta ahora, no existen pruebas suficientes que sustenten las acusaciones.

 

De acuerdo con el posicionamiento oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por el gobierno estadounidense. Ante ello, la Fiscalía, a través de su área especializada en asuntos internacionales, inició la revisión de la documentación para determinar si cumple con los requisitos legales establecidos en México.

 

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De manera paralela, la FGR informó que abrirá una investigación propia con el objetivo de recabar información adicional que permita establecer si existen elementos que respalden las acusaciones y, en su caso, si procede solicitar órdenes de aprehensión conforme al sistema jurídico nacional.

 

 

En el mensaje, el Gobierno federal subrayó que la legislación mexicana exige la existencia de datos de prueba para poder actuar penalmente, además de que los tratados internacionales en materia de extradición establecen que solo se puede proceder cuando las evidencias sean suficientes. En este caso, se puntualizó que la solicitud enviada por Estados Unidos no está acompañada de elementos contundentes que acrediten los hechos señalados.

 

Asimismo, se advirtió sobre la difusión pública de la información, al señalar que este tipo de procesos deben mantenerse bajo reserva, conforme a acuerdos internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, ya que su divulgación podría afectar la naturaleza confidencial de los procedimientos.

 

El posicionamiento también recordó que, en el caso de servidores públicos en funciones, como gobernadores, es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia para retirar la inmunidad antes de cualquier acción penal, lo que forma parte de las garantías constitucionales vigentes.

 

Finalmente, el Gobierno de México enfatizó que actuará con pleno respeto a la soberanía nacional y al Estado de Derecho, reiterando que ninguna persona está por encima de la ley y que toda actuación deberá estar sustentada en pruebas y en los procedimientos legales correspondientes.