25-06-2026

Foto: Baja News
Contar con la documentación legal de los predios permitirá a los habitantes acceder a programas sociales, servicios públicos y esquemas de mejoramiento de vivienda
Alrededor de 35 mil personas viven actualmente en condiciones de hacinamiento en el municipio de Durango, informó el director del Instituto Municipal de la Vivienda (INMUVI), Efraín de los Ríos, quien reconoció que la capital enfrenta un importante rezago en materia habitacional.
El funcionario explicó que una de las principales estrategias para atender esta problemática ha sido la construcción de cuartos adicionales, programa con el que se ha beneficiado a más de 3 mil personas.
Precisó que estas acciones buscan mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias que comparten espacios reducidos dentro de una misma vivienda, elevando su calidad de vida y reduciendo el hacinamiento.
Asimismo, adelantó que el Instituto trabaja en nuevos proyectos de urbanización y en la entrega de lotes con servicios básicos y certeza jurídica, con el propósito de facilitar el acceso de más familias a una vivienda formal.
De los Ríos destacó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno ha permitido avanzar en diversos programas habitacionales, mediante la donación de terrenos por parte del municipio y la agilización de trámites para el desarrollo de proyectos de vivienda social.
Otro de los ejes de trabajo, indicó, es la regularización de asentamientos ubicados principalmente en la zona surponiente de la ciudad, entre ellos Arroyo Seco y Constitución, donde numerosas familias aún carecen de títulos de propiedad.
Explicó que contar con la documentación que acredite legalmente la propiedad de sus predios permitirá a los habitantes acceder a programas sociales, servicios públicos y esquemas de mejoramiento de vivienda, además de brindarles mayor seguridad patrimonial.
Finalmente, señaló que la estrategia de ofrecer lotes regularizados también busca disminuir las invasiones y la comercialización irregular de terrenos, al otorgar certeza jurídica a las familias beneficiadas y fomentar un crecimiento urbano ordenado.

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