El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, permanecerá en prisión preventiva justificada mientras se define si es vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, dentro de una investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) considera la mayor red de huachicol fiscal detectada en el país.

La medida cautelar fue determinada por un juez federal al concluir una audiencia que se prolongó por casi 48 horas. Además de Ruffo Appel, otros siete imputados enfrentan el mismo proceso judicial por su presunta participación en una red que habría ocasionado un daño superior a los 4 mil millones de pesos al erario mediante la importación irregular de combustibles.

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Como parte de la resolución, el exmandatario estatal y otros cuatro acusados fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. En tanto, dos de los imputados permanecerán bajo prisión preventiva en sus domicilios debido a problemas de salud, mientras que una mujer implicada fue internada en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó más de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación. Sin embargo, las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando la jueza determine si los acusados son vinculados a proceso.

 

Trasladan al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, al centro penitenciario del Altiplano en el Estado de México.

Un juez dictó prisión preventiva en su contra por delincuencia organizada y contrabando.
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De acuerdo con la FGR, la presunta organización operaba mediante un esquema que consistía en declarar ante las aduanas cantidades menores de combustible a las realmente importadas o registrar la mercancía como otro tipo de producto para evadir el pago de impuestos. La autoridad sostiene que este mecanismo permitió el ingreso ilegal de millones de litros de diésel y gasolina provenientes de refinerías en Texas, Estados Unidos.

 

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La investigación también señala que la red habría utilizado la empresa Ingemar, fundada por Ruffo Appel, como parte de las operaciones logísticas. Según la fiscal general, Ernestina Godoy, se detectaron movimientos financieros por más de 3 mil millones de pesos y operaciones en divisas superiores a mil 386 millones de dólares, además de 25 órdenes de aprehensión, de las cuales ocho ya fueron cumplimentadas.

 

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