La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la investigación contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, tenga un trasfondo político, como lo ha señalado el Partido Acción Nacional (PAN).

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con "muchísimas pruebas" para sustentar el caso y afirmó que las indagatorias forman parte de una investigación más amplia contra una organización dedicada al contrabando de combustibles.

"No, falso, absolutamente falso. Y la Fiscalía dio muchísimas pruebas. No es solamente el exgobernador, sino, por lo menos, ocho detenidos de un modelo de contrabando de combustible que es un fraude al Estado mexicano", declaró Sheinbaum.

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— @InformativoNot3 (@InformativoNot3) July 27, 2026

Las declaraciones de la Presidenta se dieron luego de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, calificó a Ruffo Appel como un "preso político del gobierno de la 4T" y acusó a la administración federal de utilizar las instituciones de justicia para perseguir a opositores.

Romero sostuvo que no existen pruebas suficientes para señalar al exmandatario estatal como líder de una red de huachicol fiscal y criticó que permanezca recluido en un penal de máxima seguridad.

En respuesta, Sheinbaum reiteró que la investigación no obedece a motivaciones partidistas, sino a un esquema de fraude contra el Estado mexicano relacionado con el contrabando de hidrocarburos.

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El pasado 23 de julio, un juez federal vinculó a proceso a Ernesto Ruffo Appel y a otras siete personas por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y operaciones ilícitas en materia de hidrocarburos.

Entre los imputados figuran Ricardo "N" y José "N", acusados de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos; Juan "N" y Luis "N", vinculados por delincuencia organizada y contrabando; así como José María "N", Guillermo "N" y Adriana "N", quienes enfrentarán cargos por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.