04-08-2026

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La Presidenta sostiene que cualquier investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado debe sustentarse con pruebas
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el retiro o cancelación de visas estadounidenses a funcionarios públicos mexicanos es un asunto de carácter personal, por lo que corresponde a cada individuo atender esa situación y no al Gobierno de México.
Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria señaló que la decisión tomada por las autoridades de Estados Unidos respecto a las visas de funcionarios mexicanos no modifica la actuación de su administración en materia de combate a la corrupción o la delincuencia organizada.
La presidenta Sheinbaum se refirió al retiro de visas de algunos funcionarios mexicanos; dijo que su gobierno ha detenido a alcaldes y otros personajes, pero con pruebas de su participación con el crimen organizado.
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 4, 2026
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"Es un asunto personal de cada quien", expresó al ser cuestionada sobre el tema.
Respecto a las acusaciones contra algunos servidores públicos por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado, Sheinbaum enfatizó que cualquier acción legal debe estar respaldada por pruebas suficientes y apegarse al sistema penal acusatorio mexicano.
"Tiene que haber pruebas acordes con el sistema acusatorio mexicano y cuando hay pruebas se procede, así de claro y transparente", afirmó.
La presidenta subrayó que durante su administración ya se ha actuado contra presidentes municipales y otros funcionarios de distintos partidos políticos cuando las investigaciones han permitido acreditar presuntos nexos con la delincuencia organizada.
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Asimismo, reiteró que el Gobierno de México mantiene una política de actuar con imparcialidad y conforme a la ley, por lo que cualquier servidor público puede ser investigado y procesado si existen evidencias sólidas que sustenten las acusaciones, sin importar su filiación política.
Sheinbaum insistió en que las instituciones mexicanas deben conducirse con apego al debido proceso y que las investigaciones deben basarse en pruebas, garantizando transparencia y respeto al marco jurídico nacional.

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