La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acusó una presunta persecución política contra figuras de la oposición en México, luego de la situación judicial que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

La mandataria estatal sostuvo que las acciones emprendidas contra el político ensenadense vulneran principios como el debido proceso y la presunción de inocencia. Consideró que el país atraviesa un escenario complejo en materia de gobernabilidad y respeto a las instituciones.

“Toda persona que se manifiesta o dice algo distinto en contra del régimen es sujeta a que la persigan”, declaró Campos, quien recordó que en el pasado también enfrentó señalamientos judiciales que, afirmó, carecían de sustento legal.

La gobernadora cuestionó además lo que calificó como un trato diferenciado dentro del sistema de justicia. Señaló que mientras algunos integrantes del partido en el poder y funcionarios en activo no enfrentan requerimientos o investigaciones con la misma intensidad, figuras de oposición son sometidas a procesos que consideró expeditos e irregulares.

Entre los casos que mencionó se encuentran el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como la situación que enfrenta la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Campos advirtió que, desde su perspectiva, la presión política podría extenderse más allá de los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) y alcanzar a representantes de otras fuerzas políticas e incluso a ciudadanos que expresen posturas contrarias al gobierno.

Ante este escenario, llamó a no normalizar procedimientos que puedan vulnerar derechos y garantías, y afirmó que la oposición debe mantener una postura firme en la defensa del Estado de derecho y de los derechos de la ciudadanía.