El lenguaje utilizado en los reglamentos municipales de Durango debe ser revisado para evitar expresiones que puedan resultar discriminatorias hacia las personas con discapacidad, planteó el regidor de Movimiento Ciudadano, Alan Espinoza de la O.

El edil presentó una propuesta para modificar disposiciones de la normativa municipal en las que todavía aparecen términos que, desde su perspectiva, ya no corresponden al enfoque de derechos humanos que debe prevalecer en las leyes y reglamentos.

Entre los conceptos que busca sustituir se encuentra “invidente”, al considerar que la normativa debe utilizar expresiones como “persona con discapacidad”, con el objetivo de reconocer a las personas antes que su condición y utilizar un lenguaje acorde con los criterios actuales de inclusión.

Espinoza de la O sostuvo que mantener términos desactualizados dentro de una norma no es un asunto únicamente de redacción, debido a que el lenguaje también puede contribuir a reproducir prácticas discriminatorias.

“Simplemente el hecho de que esté un concepto totalmente erróneo ya cae en una discriminación”, señaló.

El regidor agregó que existen disposiciones municipales que no han sido revisadas conforme a las necesidades actuales de diversos sectores de la población, por lo que consideró necesario emprender una actualización de los reglamentos.

La propuesta del regidor también contempla mejorar los mecanismos de atención del Ayuntamiento para personas provenientes de pueblos originarios que acuden a la capital para realizar trámites, solicitar apoyos o acceder a servicios públicos.

Espinoza de la O señaló que este sector puede encontrarse con obstáculos adicionales dentro de las oficinas municipales, particularmente cuando existen dificultades de comunicación o desconocimiento de los procedimientos necesarios para completar una gestión.

Explicó que muchas de estas personas se trasladan a la capital por asuntos relacionados con educación, salud o necesidades económicas, por lo que consideró necesario que el gobierno municipal tenga herramientas para brindarles una atención adecuada.

A su consideración, los procedimientos administrativos no deberían convertirse en un impedimento para que una persona pueda ejercer sus derechos o acceder a un servicio público.

“¿Tenemos que esperar a que se adecue la burocracia a los derechos humanos o los derechos humanos a la burocracia?”, cuestionó.

El planteamiento busca que tanto los reglamentos como la atención en las oficinas municipales tengan como punto de partida las necesidades de las personas, en lugar de obligar a los ciudadanos a sortear barreras administrativas para recibir servicios o ejercer sus derechos.