Alrededor de 12 exalcaldes de Durango se encuentran señalados en investigaciones derivadas de denuncias por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos, algunas relacionadas con hechos que se remontan a 2019 y 2020, informó Noel Díaz, fiscal especializado en Combate a la Corrupción.

 

El funcionario aclaró que una observación detectada durante una auditoría o un posible uso indebido de recursos no significa automáticamente que se haya cometido un delito, ya que antes debe agotarse el procedimiento administrativo de fiscalización.

 

 

Explicó que durante esta etapa los servidores públicos o autoridades señaladas tienen la oportunidad de presentar documentación y solventar las observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores.

 

“Todavía no constituye un delito”, señaló Díaz al explicar que las primeras irregularidades detectadas durante una revisión deben pasar por distintas etapas antes de que pueda determinarse la existencia de una posible responsabilidad penal.

 

El fiscal explicó que la Auditoría Superior del Estado realiza inicialmente la revisión del manejo de los recursos públicos y, cuando encuentra alguna irregularidad, concede un periodo a los responsables para presentar información y aclarar las observaciones.

 

Una vez concluida esa etapa, continúa el proceso de investigación dentro del propio órgano fiscalizador. Si a partir de los elementos obtenidos se considera que pudiera existir un delito, la autoridad puede presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción.

 

Díaz agregó que la Fiscalía también puede recibir denuncias de otras instituciones, como el Congreso del Estado o autoridades estatales, dependiendo del origen de los hechos.

 

El fiscal señaló que la Auditoría Superior ha presentado durante los últimos años diversas denuncias relacionadas con administraciones municipales anteriores. Debido a los tiempos que requieren las etapas de fiscalización, solventación e investigación, algunos de los expedientes que actualmente se encuentran en proceso corresponden a hechos ocurridos varios años atrás.

 

Díaz estimó que actualmente son alrededor de 12 exalcaldes los que aparecen señalados en este tipo de investigaciones y precisó que algunos de los hechos denunciados podrían corresponder a 2019 o 2020.

 

Una vez que los expedientes llegan a la Fiscalía Anticorrupción, inicia la investigación correspondiente para determinar si existen elementos que permitan acreditar la posible comisión de un delito.

 

Díaz explicó que uno de los factores que puede prolongar estos procedimientos es la necesidad de reconstruir la trazabilidad de los recursos públicos y solicitar información a instituciones federales.

 

Reconoció que este tipo de investigaciones pueden extenderse durante periodos prolongados, aunque aseguró que existe interés en agilizar los procedimientos ante la demanda de resultados.

 

Añadió que algunas solicitudes de información dirigidas a organismos federales pueden tardar en ser atendidas, situación que repercute en los tiempos de integración de las carpetas de investigación.

 

Díaz subrayó que la Fiscalía debe reunir los elementos necesarios antes de determinar si existen responsabilidades penales, por lo que una observación administrativa no puede considerarse, por sí sola, como la comisión de un delito.