La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso en duda los elementos presentados en un reportaje de N+ sobre la senadora con licencia por Baja California, Julieta Ramírez, y llamó a los medios de comunicación a respaldar con pruebas verificables los señalamientos contra servidores públicos.

 

Durante la conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal señaló que el documento utilizado para sustentar la información difundida sobre Ramírez no cuenta, al menos en la versión mostrada públicamente, con firmas de autoridades estadounidenses que permitan acreditar su origen.

 

 

Sheinbaum sostuvo que, ante acusaciones de esta naturaleza, quienes las difunden deben presentar las fuentes que dieron origen a la información y los documentos completos que permitan conocer su autenticidad.

 

La presidenta hizo énfasis en que los señalamientos contra una persona que ocupa o ha ocupado un cargo público requieren responsabilidad periodística, particularmente cuando se relacionan con posibles investigaciones de autoridades extranjeras.

 

El reportaje difundido por N+ sostiene que Ramírez estaría bajo investigación en Estados Unidos y que presuntamente buscaría colaborar con el Departamento de Justicia de ese país. Hasta el momento, dichos señalamientos no han sido acreditados públicamente con documentos firmados por alguna autoridad estadounidense, de acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum.

 

La polémica también generó una confrontación entre integrantes de Morena y el periodista Enrique Acevedo, responsable del reportaje. El senador Luis Fernando Salazar lanzó previamente la expresión “vamos a ir tras de ti”, comentario que posteriormente reconoció como desafortunado y por el cual ofreció una disculpa pública.

 

Salazar explicó que su intención era referirse a posibles acciones legales por lo que consideró un señalamiento sin pruebas suficientes, aunque admitió que la forma en que expresó su inconformidad pudo interpretarse como una amenaza.

 

Julieta Ramírez, senadora con licencia y aspirante a la gubernatura de Baja California, quedó así en el centro de una controversia que involucra señalamientos periodísticos, exigencias de transparencia sobre las fuentes y cuestionamientos sobre la manera en que se presentan investigaciones relacionadas con funcionarios y figuras políticas.